Los pobladores que se oponen a la operación del basurero regional de Atitalaquia señalaron que su movimiento es pacífico y busca un mejor medio ambiente para el municipio, por lo que se desmarcaron de cualquier acto violento.
En un mensaje dirigido a la población, los integrantes del Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia se pronunciaron enérgicamente para hacerles saber que este movimiento se ha mantenido pacífico y en el margen de la ley, ejerciendo derechos como el de la asociación, reunión, protesta y libre expresión de las ideas.
Señalaron que están conscientes de que “los intereses económicos y políticos están sobre el bienestar de la comunidad, por lo que es posible que se realicen actos de naturaleza violenta que se van a intentar vincular con este movimiento”.
Mientras que en relación al incidente en la propiedad de una asambleísta de Atitalaquia, efectuaron un deslinde; “El Movimiento Pacífico no al Basurero, así como el Comité de Defensa Ambiental reprobamos enérgicamente todo acto de violencia, recordamos que el derecho está
de nuestro lado y las manifestaciones y acciones que llevamos a cabo son totalmente pacíficas”.
E incluso exigieron a las autoridades competentes que realicen las investigaciones necesarias con el fin de esclarecer los hechos y castigar a los responsables de los hechos.
Tiradero clandestino
Por otra parte, el Comité de Defensa Ambiental acusó que la presidencia de Atitalaquia presuntamente deja la basura en el patio del área de Servicios Públicos, cerca del sitio en el que se colocan las ambulancias del gobierno.
Denunciaron que este hecho representa un foco de riesgo para quienes hacen uso del servicio de ambulancias, pues la basura únicamente la cubren con cal para evitar contaminación, pero está expuesta a los rayos del Sol; dijeron que personal del ayuntamiento cubrió con plástico la cerca perimetral para evitar que la población perciba el manejo que le están brindando a la basura.
Cabe recordar que el basurero regional se encuentra bloqueado desde hace un mes, cuando inconformes instalaron un plantón en el sitio para evitar su uso, pues denuncian que violenta la normativa ambiental al situarse cerca de una zona urbana.
Exigieron que la presidencia y las autoridades estatales atiendan su demanda en torno al cierre del basurero y el saneamiento del sitio, pues indicaron que es un derecho de la población contar con un entorno limpio.
El sitio, una vez que se concluya el proyecto, operará como Centro de manejo de residuos sólidos y recibirá los desechos de por lo menos nueve municipios de la región. No obstante, pobladores han denunciado falta de información y transparencia de las autoridades ante el proyecto.