Derivado de un amparo presentado por la organización social Educación con Rumbo, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó, mediante una suspensión definitiva, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), llevar a cabo todos los trámites y gestiones a fin de garantizar que se realice la Prueba PISA de la OCDE en México en el 2025.
¿Qué es PISA?
Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos.
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En una resolución emitida el día jueves 23 de mayo, el Poder Judicial de la Federación ordenó a la SEP y a la Mejoredu que acrediten en 24 horas haber realizado los trámites y gestiones ante la OCDE para garantizar la realización de la Prueba Pisa, y en caso de incumplir se impondrá una multa de 100 veces la Unidad de Medida y Actualización.
El abogado constitucionalista de Educación con Rumbo, Miguel Ángel Ortiz Gómez, explicó que el Poder Judicial ha iniciado el proceso para hacer cumplir sus determinaciones, lo cual resulta urgente y necesario para salvaguardar el derecho humano a la educación, considerando que el impacto de no llevar a cabo la prueba afecta de manera directa a 24 millones de estudiantes y un millón de docentes.
Esto, al privarlos de contar con un diagnóstico objetivo del estado que guarda la educación en México a fin de implementar políticas públicas que permitan garantizar la mejora continua en la educación como lo establece la Constitución y el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño.
En tanto, Paulina Amozurrutia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo precisó que resulta muy delicado que mientras en diversos países de la OCDE se han iniciado los trabajos de arranque y pilotaje de la Prueba Pisa.
En México, la Sociedad Civil y el Poder Judicial están exigiendo a las autoridades llevar a cabo los trámites para asegurar que la Prueba Pisa se realice en el ejercicio 2025 a fin de que la siguiente administración cuente con los parámetros técnicos para elaborar el Programa Sectorial de Educación 2024-2030 con la participación de la Sociedad Civil.
RM