El proyecto para extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, por parte de la minera Gorrión, filial de la firma canadiense Almaden Minerals, se encuentra detenido tras un amparo que concedió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a habitantes de la comunidad de Tecoltemic, ubicada a ocho kilómetros de la zona donde se pretende realizar la exploración mineral.
La zona en disputa forma parte del territorio que protege la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, cuyos integrantes reconocen que el amparo es uno de los pasos en la batalla para no permitir el avance de la minera, por lo que continuarán en la defensa.
En 2015, habitantes del ejido de Tecoltemic presentaron un amparo contra los artículos de la Ley Minera y el otorgamiento, en 2003 y 2009, de dos concesiones a Minera Gorrión. Con la decisión del máximo tribunal ahora debe esperar a que se realice una consulta sobre el desarrollo del proyecto minero que abarca más de 14 mil hectáreas.
Ixtacamaxtitlán es uno de los municipios más grandes en la Sierra Norte, que en náhuatl significa “lugar de camaxtle blanco”. La zona se caracteriza por un relieve montañoso, una extensa superficie de vegetación labrada por el río Apulco. Una economía basada en el comercio, cría de animales y al cultivo de maíz, frijol, haba, alberjón y cebada, en parte para el autoconsumo.
La riqueza del subsuelo contrasta con la situación de las comunidades donde 74.7 por ciento de los habitantes en Ixtacamaxtitlán vive en condiciones de pobreza, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Parte de la historia del municipio está acompañada por la actividad minera, refiere Vicente Martínez, habitante de la comunidad de Santa María Sotoltepec, perteneciente a Ixtacamaxtitlán. Durante un recorrido que MILENIO Puebla realizó a esa parte del estado, el poblador contó que de los cerros que enmarcan al municipio “a pico y pala nuestros abuelos extraían caolín”, un mineral que se utiliza para la elaboración de losetas.
En 2001, la minera comenzó a realizar una labor de exploración y años después, confirmó la mineralización de la zona en un estudio de evaluación económica con recuperaciones metalúrgicas de oro y plata de hasta un 90 por ciento.
En los últimos 20 años, la empresa suma inversiones por 40 millones de dólares en trabajos de prospección y exploración a la espera de comenzar a extraer los minerales.
Desde uno de los puntos cercanos al proyecto Ixtaca y con el apoyo de un mapa elaborado por habitantes de Santa María Sotoltepec, Alejandro Marreros Lobato, vocero de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua explica que, la decisión de interponer un amparo ante la SCJN para detener el proyecto, se debe a que existen comunidades aledañas a la zona de explotación que se verían afectadas con la posibilidad de quedarse sin agua.
Cuenta a MILENIO Puebla que los pobladores se han documentado sobre los riesgos que implicaría el proyecto; incluso, refiere que en 2017, integrantes de la organización opositora viajaron a la sede de la empresa en Canadá para presentar a los inversionistas un proyecto de evaluación sobre el impacto de la mina en los derechos humanos de más de cuatro mil habitantes.
El activista aseguró que, con base a documentos que obtuvieron como el Manifiesto de Impacto Ambiental, la mina contempla una etapa de exploración y vida útil de once años, con la posibilidad de extender el tiempo en caso de que se encuentren más recursos. Este proceso, agrega el activista, implicará el uso diario de millones de litros de agua en una zona donde las precipitaciones son bajas.
“El cerro Uno es donde se piensa construir un tajo de dos kilómetros de largo por 400 metros de profundidad. A los costados dos tepetateras. Serán 380 millones de roca trituradas durante 14 años que implican seis millones de litros de agua diarios en los primeros cinco años y once millones de litros de agua diarios del año cinco al catorce, en una zona donde la precipitación es de 600 milímetros. Conforme al mapa del manifiesto se ve cómo la zona donde pretenden tener el área de máquinas dará al río Apulco”, comentó.
“Nuestra oposición al proyecto minero está documentada, lo tenemos estudiado, llevamos años en esto y eso nos permite tener un cierto grado de precisión respecto al proyecto”, agregó.
En 2019, Minera Gorrión ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la Semarnat, que incluye programas para protección de fauna y flora local, de recursos hídricos y suelo, un año después, el resolutivo fue negativo y en 2021 anunció que ingresará un nuevo manifiesto.
Para Alejandro Marreros, el proyecto minero representa una amenaza para la vida de las comunidades que abarcan las concesiones mineras.
“De las amenazas que hemos visto es el agua. Si la minera Ixtaca piensa usar once millones de litro de agua diarios, es una amenaza para todas estas comunidades porque el cerro Mikisxochio (ubicado en la zona de concesiones) recarga los manantiales de toda la zona”, señaló.
La tierra es nuestra
Llegar de Puebla capital al municipio de Ixtacamaxtitlán implica un viaje de al menos dos horas. El paisaje invita a capturar la vegetación, los cerros que visten la zona y el paso de la gente dedicada al campo. De algunas viviendas cuelgan mantas y letreros con leyendas que rechazan a la minera.
“Defendamos La Vida, El Agua y la Tierra, Fuera Minera”, “Sta María Zotoltepec Somos Pueblos Originarios Rechazamos el Proyecto de Muerte. Canadienses basta de mentiras, respeten nuestros derechos Fuera Minera”, son parte de los mensajes que cuelgan en las fachadas de algunas viviendas ubicadas sobre el camino que lleva al punto considerado de extracción.
Lucía Martínez López, habitante de Sotoltepec, relata que el desarrollo del proyecto en su primera etapa ha dividido a las comunidades entre los que ven beneficios con la generación de empleo y los que dicen no a la mina, además de problemas entre familias. “Nadie tiene derecho a venir a poseer los nuestro, es la tierra de nuestros tatarabuelos, sabemos los problemas que habría si se hiciera el proyecto y no se ven beneficios”, expresó.
Para Francisca Zamora Morales, integrante de la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el proyecto minero representa acabar con la tranquilidad de la zona sin que se aprecien beneficios para la región. “Nadie está en contra de los empleos, pero estamos preocupados a cambio de qué, porque son temporales. Este proyecto termina su etapa y se hace cierre de mina y, ésa es también nuestra inconformidad. Ya tenemos una forma de vivir, el campo, la tierra, por eso es que la cuidamos. Una cosa que defendemos es el agua, pero también nuestra tranquilidad y la tranquilidad no se compra”, señaló.
Esperan consulta
El pasado 17 de febrero, la Primera Sala de la SCJN determinó que procede a ordenar a la Secretaría de Economía, a través de su Dirección General de Regulación Minera, dejar “insubsistentes” los títulos de concesión minera y emitirlos nuevamente considerando que, si bien la Ley Minera no regula el procedimiento a seguir, existe la obligación de llevar a cabo los mecanismos que hagan efectivo el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas.
“La consulta se tuvo que haber hecho desde un inicio y ellos (minera) ahora ya están aquí. Si se tratara de hacer una consulta, lo que nosotros queremos es que sea sin sobornos”, enfatizó Francisca, habitante de Sotoltepec.
AFM