Pese a los argumentos que puedan esgrimir autoridades, el Centro Federal de Readaptación Social Número Dos de Puente Grande, Jalisco, sí era funcional, pero ganó la corrupción.
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"Claro que es funcional la instalación fue creada con una infraestructura de máxima seguridad, que hubo problemas de gobernabilidad, eso se atañe a la cuestión humana quien falló fue el personal humano”, detalló Luis Carlos Sainz, analista de Seguridad y Justicia Jalisco.
Sin embargo, su cierre definitivo, vendrá a beneficiar a Jalisco con el éxodo de las familias de los delincuentes que estaban recluidos, y que por cercanía se asentaron en la entidad.
“Seguramente tuvieron que adquirir propiedades, están en el proceso de venta y ahora los nuevos que se están llevando, ya no tendrán nada que hacer sus familiares en Jalisco a menos que privilegio de la familia de que deben seguir estudiando los muchachos”, dijo.
De acuerdo con el analista en materia de seguridad y justicia, los amparos que pudieron promover internos para evitar el traslado, no prosperarían.
Los procesos jurídicos de cada uno de ellos, no se afectan.
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La Constitución en su artículo 18 establece que las personas compurgarán sus penas en Centros Penitenciarios cercanos a su domicilio, pero no aplica para quienes son acusados de delincuencia organizada y aquellos que ameriten medidas especiales de vigilancia.
“Es decir, estamos hablando alta criminalidad, o de los que ya cometieron varios delitos corre peligro su vida, o corre peligro la de otros internos o funcionarios, y hay necesidad de trasladarlos y a ellos se les puede aplicar esta excepción”, señaló.
El analista se pronunció porque el Estado utilice el inmueble para despresurizar las cárceles locales que también albergan a reos de alta peligrosidad.
MC