En México y Latinoamérica, las mujeres pobres que deciden interrumpir su embarazo son las más propensas a tener un aborto inseguro.
Según el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), las indígenas o las personas con menor grado escolar son nueve veces más vulnerables a tener complicaciones de salud graves.
“Las mujeres que viven en una situación de mayor marginación son quienes más lo padecen, porque si tienen un embarazo no deseado es difícil que puedan tener las posibilidades de trasladarse fuera de su entidad para poder hacerse un aborto de manera segura”, explica Karen Luna, investigadora jurídica del GIRE, en entrevista con MILENIO. “Se enfrentan a esta posibilidad de buscar un aborto clandestino, o bien, tener que llevar un embarazo a término, que es algo que no desean”.
Y es que el aborto, aunque esté penalizado o sea restrictivo en 31 estados del país, es una realidad.
Según cálculos del Instituto Guttmacher, en México cada año ocurren hasta un millón de abortos inducidos a pesar de las restricciones legales existentes fuera de la capital.
En el país, la violación es la única causal legal a nivel nacional para que una mujer pueda tener acceso a un aborto. A partir de ahí, los estados tienen diferentes normativas al respecto, explica Karen Luna.
- 23 entidades lo permiten si se reconoce el peligro de muerte de la mujer.
- 15 si la causal es riesgo de salud para la madre.
- 16 si el feto presenta malformaciones.
- 2 lo permiten por causas económicas graves.
- Sólo la Ciudad de México lo permite por voluntad de la mujer.
“Es una situación de discriminación jurídica. Para ver el alcance y la magnitud de esto, tan sólo este año van dos órganos de Naciones Unidas que recomiendan a México que dejen de criminalizar a las mujeres que abortan”, explica la investigadora jurídica de GIRE.
Aborto clandestino
En el país existen pocos análisis disponibles sobre el aborto inducido de forma clandestina.
El Instituto Guttmacher reveló que, en 2009, solamente en hospitales públicos unas 150 mil mexicanas fueron atendidas por complicaciones derivadas de abortos clandestinos, estima que 36 por ciento de las mujeres que tienen abortos inducidos desarrollan complicaciones que requieren atención médica.
Las cifras en zonas rurales son alarmantes. Se calcula que 45 por ciento de las complicaciones asociadas a la interrupción clandestina del embarazo corresponden a mujeres pobres que viven en zona rurales y una de cada cuatro mujeres que tienen alguna complicación médica no reciben la atención debida, por lo que son especialmente vulnerables a sufrir consecuencias graves para su salud.
Educación sexual y aborto seguro
¿Qué falta en México? Karen Luna responde de forma directa: educación sexual, acceso a anticonceptivos, personal médico que conozca el marco legal.
La investigadora jurídica del GIRE destaca la necesidad de que hombres y mujeres tengan acceso a educación sexual de calidad, “hay muchas personas que no tienen la información adecuada respecto a su salud sexual y reproductiva”.
También se requiere que las autoridades garanticen el acceso a un aborto seguro, por lo menos, en caso de violación, que es una causal reconocida por la Suprema Corte de Justicia en todo el país.
“Hemos visto que falta, por ejemplo, de parte del personal médico conocer el marco legal, conocer que tienen la obligación de realizar una interrupción legal del embarazo en caso de violación sexual y, por supuesto, en las demás causales hace falta también el conocimiento de que existan estas posibilidades en determinadas entidades federativas”, dice Karen Luna.
Protección de “la vida desde la concepción"
Luego de que en la Ciudad de México se legisló la interrupción legal del embarazo (ILE) en 2007, otras entidades del país “blindaron” sus Constituciones para proteger la vida desde la concepción.
En total, 17 estados del país cerraron toda posibilidad de replicar el Código Penal y la Ley de Salud de la Ciudad de México.
Sin embargo, en todo el país se permite la ILE por causa de violación sexual.
Karen Luna destaca que “es importante sí saber que esto no invalida la posibilidad de acceder a un aborto bajo las causales que los códigos penales de esas entidades establecen”. Es decir, que se deben conocer las cláusulas de la normativa y si en esa entidad, además, se permite el aborto por causales de riesgo de muerte de la mujer, riesgo de salud o malformación del feto.
“Si el código penal de esa entidad prevé causales para el acceso al aborto, eso se tiene que respetar y lo que venga en la constitución local respecto a la protección de la persona desde la concepción no tiene por qué ser aplicado”, dice la experta.
Estados que 'blindaron'sus Constituciones
Baja California, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.
¿Y en América Latina y el Caribe?
Cuba, Guyana, Puerto Rico y Uruguay son los únicos países de América Latina y el Caribe que permiten el aborto sin restricción de motivos, mientras que seis países —República Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Suriname— lo prohíben sin excepción legal explícita.
En México, la legalidad del aborto se determina a nivel estatal y a nivel federal es permitido sólo en caso de violación; y en caso de anomalía fetal o si la vida de la madre corre peligro difiere en cada entidad.
La Ciudad de México es la excepción, pues desde el 24 de abril de 2007 se aprobó la interrupción legal del embarazo.
Según datos del Instituto Guttmacher, que promueve el derecho al aborto y la salud reproductiva, en el periodo de 2010 a 2014 la cifra anual de abortos inducidos en América Latina y el Caribe ascendió a 6.5 millones, lo cual representó un aumento de 47 por ciento con respecto al periodo de 1990 a 1994, cuando se registraron 4.4 millones.
Un mapa elaborado por el Centro de Derechos Reproductivos divide a los países del mundo entero en cuatro categorías, según las leyes de cada gobierno respecto al aborto.
La ONG, cuyo objetivo es "promover la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental" en América Latina y el Caribe, subraya que "las restricciones legales al aborto con frecuencia causan altas tasas de abortos inseguros e ilegales, lo que a su vez genera altas tasas de mortalidad materna, ya que hay un vínculo directo entre los abortos inseguros y la mortalidad materna".
En México, la Secretaría de Salud (SS) reportó que durante 2017 el aborto se mantuvo como la tercera causa de mortalidad materna (MM) en el país después de las hemorragias obstétricas y las enfermedades hipertensivas, con una tasa de 2.3 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados.
Ante este panorama, el Instituto Guttmacher recomienda implementar programas y políticas que mejoren el conocimiento, el acceso y el uso de métodos anticonceptivos de mujeres y hombres para reducir los embarazos no deseados y los abortos.
Asimismo, sugiere ampliar los motivos para el aborto legal y mejorar el acceso a los servicios de aborto seguro para reducir el número de procedimientos clandestinos y sus consecuencias.
Indica que la provisión y la calidad de la atención postaborto deben mejorarse y ampliarse para reducir las muertes por aborto clandestino; las mujeres pobres y de comunidades rurales deben ser una prioridad.
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