Con relación al caso de la menor de 12 años que tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México para la interrupción de su embarazo producto de una violación, Daniel Espinoza Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, reiteró que la determinación se dio por la falta de especialistas para realizar el procedimiento después de los tres meses de gestación, a pesar que el Código Penal considera legal el proceso en caso de abuso sexual, riesgo de muerte o complicaciones de salud para la madre.
“No es que no se haya querido dar el servicio, sino que en el estado de Jalisco no tenemos un médico especializado que tenga la capacitación, la especialidad, para hacer la expulsión de un bebé; una cosa es el embrión y otra el feto y otra el bebé”, dijo Espinoza Licón.
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Señaló que los parámetros de tres meses de gestación tienen que ver con un tema médico, “entonces el trámite y el riesgo para la madre cambia en cada uno de los aspectos o fases de la cuestión Gestalt”.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco precisó que además la Corte reconoce el derecho de objeción de conciencia, es decir, si por cuestiones de ética, moral o religiosas el personal médico no desea realizar el procedimiento es válido.
Puntualizó que “el Estado está obligado a dar el servicio cuando la víctima quiere acceder al aborto y el servicio se dio trasladándose al estado donde sí se tiene un médico especialista en el tema”; sin embargo, la menor permaneció diez días internada en el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos sin recibir ningún tipo de atención u orientación, según ha denunciado la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Jalisco (Ddeser Jalisco).
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La niña es originaria de la comunidad de Mezquitic; presuntamente fue abusada por su padre. La Fiscalía del Estado ya integra la carpeta de investigación, “estamos en espera que el Ministerio Público una vez integrada la carpeta haga las peticiones correspondientes puede ser que se solicite para imputarlo o puede solicitar una orden de aprehensión”, dijo Espinoza Licón.
El pasado 7 de marzo de 2024 se actualizó el programa para la interrupción Legal del Embarazo en Jalisco, el cual establece que la Secretaría de Salud Jalisco debe contar con los insumos y el personal necesario para interrumpir el embarazo bajo las causales permitidas por el Código Penal de Jalisco. Sin embargo, el programa y protocolos para la interrupción del embarazo de la menor se omitieron y no se aplicaron.
SRN