Una arrendadora está reclamando más de 25 millones de pesos (mdp) al municipio Atotonilco de Tula por la renta de patrullas durante la anterior administración, lo que representa una merma económica importante.
Lo anterior lo señaló el regidor Iván Rodríguez Vega, presidente de la comisión de Honor y justicia del cabildo, quien dijo que el gobierno actual recibió muchas unidades policiacas inoperantes, las cuales se encontraban en custodia al interior del corralón municipal.
Esto representa un “lastre” para las finanzas sanas del municipio por la elevada cantidad solicitada ante el reclamo por el incumplimiento de la anterior administración.
Dijo que ante esta problemática el gobierno en funciones terminó con la “mala práctica” del arrendamiento de patrullas, y por ello se han adquirido unidades policiacas y de Protección Civil (PC) con fondos municipales.
En este último caso, dijo que también las ambulancias eran arrendadas, y por ello al inicio de la administración se adquirió una para atender los traslados por la pandemia de covid-19.
Expresó que ahora se pretende adquirir más ambulancias, pues explicó que la alcaldía enfrenta una alta demanda de traslados programados, es decir, pacientes que requieren apoyo para traslados a hospitales para consultas y cirugías.
Serán dos ambulancias las que se adquirirán en breve, pues destacó que representa una afectación considerable utilizar las ambulancias en servicio para traslados programados, en lugar de atender emergencias en el municipio.
De esta manera serán atendidas debidamente las emergencias que se registren en el municipio y se atenderá también los traslados programados, por la alta demanda que se tiene en la materia.
Así mismo, refirió que se adquirirá equipo neumático para salvamento en accidentes, es decir, las “quijadas de la vida”, para apoyar las tareas de rescate que realizan los elementos del departamento de bomberos.
El regidor acusó que además de falta de unidades policiacas en funcionamiento, les heredaron una corporación sin equipo, pues por ejemplo había chalecos antibalas caducados, por lo que fue un tema prioritario y se han entregado ya 59 chalecos, cascos balísticos, uniformes, kits de primer respondiente, cámaras de solapa, seguro de vida y gastos médicos, para protección de los elementos.
Añadió que en el cabildo se analiza una propuesta del proyecto que plantea adquirir e instalar también entre 20 y 30 torres de videovigilancia para cubrir todo el territorio municipal.
De igual modo contempla adquirir cámaras para vigilancia de planteles educativos, lo que permitirá mejorar la seguridad en dichas instituciones, pues el monitoreo se realizaría desde las instalaciones del C2 municipal, acción con la cual se aprovecharían los recursos tecnológicos para garantizar el bienestar de la población.