Asociaciones feministas recaban firmas con el objetivo de redactar un amparo para que las clínicas de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), garanticen la aplicación de la interrupción legal del embarazo (ILE).
Aunque la ILE fue aprobada por el Congreso de Hidalgo desde 2021, ambas instituciones niegan el servicio a mujeres, justificándose en la tipificación del delito en el Código penal federal, “a pesar de que la derechohabiencia destina parte de su salario al servicio médico y de que el aborto es un derecho humano universal”, explica para MILENIO, Daniela Téllez Del Valle, colaboradora de Di Ramona.
Ante la negativa de las solicitudes de entre dos y tres mujeres que acuden al IMSS o Issste a la semana para practicarse un aborto, organizaciones acudieron a puntos estratégicos como plaza Juárez y los institutos de Ciencias de la Salud (ICSa) y de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHu), de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), para recabar documentos de derechohabientes e interponer un amparo colectivo.
Del Valle destacó la participación de estudiantes universitarias en este ejercicio, en el cual mostraron disposición y consiguieron 30 firmas de mujeres con el Seguro Social y 10 del Issste.
Además, la recolección continuará el próximo 8 de marzo, cuando feministas aprovecharán las actividades y concentración para la marcha del Día Internacional de la Mujer en la Plaza Juárez de Pachuca, donde también tendrán la venta de pañuelos verdes proaborto y recibirán donaciones de misoprostol, un medicamento seguro, indicado y autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para interrumpir el embarazo.
Cuando a las mujeres se les niega el servicio, acuden a Di Ramona o alguna otra organización en busca de orientación, quienes las redirigen a clínicas de la Secretaría de Salud estatal (SSH), donde les aplican el aborto aunque cuenten con el Seguro Social.
Sin embargo, otro de los problemas que enfrentan las mujeres, es la falta de capacitación del personal, cuyo trato ha empeorado actualmente, “hemos recibido más denuncias en Pachuca, cuando en anteriores administraciones registrábamos pocas, y nos preocupa porque si así estamos aquí, no imaginamos cómo están otros municipios”.
Aunque el derecho humano al aborto registra avances, la activista considera que aún quedan pendientes, como la desaparición de la tipología en códigos penales de otros estados y el trabajo social para que se pueda hablar de esta práctica desde las esferas sociales más importantes, como el sector educativo, jurídico y social, “explicar la ILE para quitar estigmas”.