Durante el año pasado, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México emitió ocho sanciones por faltas administrativas graves en contra de 13 ex servidores públicos a quienes multó con 2.3 millones de pesos, por desvío de recursos y abuso de funciones, detalló la auditora superior de Fiscalización, Miroslava Carrillo Martínez, en el informe de labores que presentó a la Legislatura local.
En el documento que fue presentado en el pleno del Congreso mexiquense , se puntualiza que los ex funcionarios con más graves sanciones fueron el presidente y el tesorero de Tequixquiac, quienes fueron inhabilitados a 20 años por desvío de recursos públicos y obligados a pagar una indemnización, en conjunto, por un millón 325 mil pesos.
Además, está el caso de Juchitepec, donde el presidente y el tesorero también fueron acusados de desvío de recursos públicos y suspendidos 30 días de su cargo, con una indemnización de 117 mil 376 pesos cada uno, y en el caso de Chiconcuac, el presidente y el tesorero, por los mismos cargos fueron inhabilitados por 12 años y seis meses, además de una multa de 68 mil 97 pesos.
En el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco el director fue acusado de abuso de funciones e inhabilitado por 10 años, por lo que tuvo que pagar 109 mil 74 pesos; mientras, en el Órgano de Agua de Tultitlán, el director general de Administración y Finanzas y el encargado del despacho de la Dirección General está imposibilitado para trabajar en el servicio público durante un año y tuvieron cada uno pagó 6.2 millones de pesos.
Además, sancionaron al síndico de Ozumba, con una inhabilitación de 10 años por abuso de funciones y tuvo que pagar 126 mil 432 pesos; mientras, que en el caso de Soyaniquilpan el síndico a 10 años, por la misma falta y una indemnización de 51 mil 390 pesos: en San Felipe del Progreso fue al presidente y al tesorero por desvío de recursos, con una suspensión de 30 días y tuvieron que cubrir una indemnización de 181 mil 763 y 174 mil 230 pesos, respectivamente
El histórico de sanciones es de 34 sentencias firmes a 52 personas públicas por faltas administrativas graves, como abuso de funciones, desvío de recursos públicos y cohecho, con sanciones económicas de 7.6 millones de pesos.
El OSFEM presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en contra de entidades fiscalizables por la presunta comisión de delitos.
Durante 2023 turnaron a la Unidad de Investigación 68 expedientes de Auditoría con mil 609 pliegos de observaciones que no fueron solventadas y turnaron 626 recomendaciones no atendidas a los Órganos Internos de Control para que llevaran a cabo los procedimientos correspondientes.
Entre las principales faltas que ha encontrado en sus revisiones están: el ejercicio de recursos públicos en un fin distinto al autorizado, adquisición de bienes y contratación de servicios mediante el procedimiento de excepción a la licitación, falta de procedimiento adquisitivo para adquirir digo contratar bienes y servicios, falta de comprobación del uso y destino de los bienes adquiridos y compras fraccionadas. En al menos la mitad de las observaciones promovidas.
En las auditorías de inversión física lo más común son pagos de obras no ejecutadas, simulación documental, pago sin documentación comprobatoria y justificativa del gasto, adjudicación de obras con importes que rebasa los montos máximos permitidos.
KR