El regidor Ricardo Baptista González solicitó al cabildo y a la alcaldía tulense que no se le aumente la dieta en un 30 por ciento, como lo autorizaron recientemente sus homólogos en una polémica sesión en la que se cuestionó el incremento en medio de la crisis que vive el municipio por el mal uso de por lo menos 160 millones de pesos en los recientes ejercicios fiscales.
Reiteró su oposición al tema, pues dijo que es un aumento que no se justifica, a la vez que afirmó que Tula tiene actualmente muchas carencias pues hay obras inconclusas y carencias económicas, pero sobre todo necesidades prioritarias que deben atenderse después de las contingencias que ha vivido el municipio desde 2020.
Entre las adversidades para el municipio se encuentra, acotó, “el desbordamiento del río, la inseguridad incesante, el robo al erario municipal, así como servidores públicos deshonestos, serviles y ambiciosos, que no se han apegado al compromiso de servir realmente a nuestra ciudad”.
Baptista recordó que votó en contra de la propuesta de aumento y por ello dijo que actuando con congruencia solicitó a las áreas correspondientes que para su próximo pago de su dieta, este 15 de enero, y en las posteriores, no se le aplique el aumento del 30 por ciento aprobado.
Por el contrario, el asambleísta pidió que “se redireccione ese recurso para utilizarlo en acciones tendientes a favorecer a las comunidades menores favorecidas de este municipio”, atendiendo así peticiones de carácter social, informando además sobre su uso de manera transparente y oportuna a la ciudadanía.
Precisó que una de sus propuestas es endosar el cheque con la diferencia de aumento del 30 por ciento, para que se utilice en causas sociales, pues insistió en que aunque es legal, es un incremento “ofensivo, lesivo y deshonesto”.
Incluso hizo un llamado a los regidores que votaron a favor del aumento para que retrocedan en su decisión y también se pronuncien para no recibirlo, o en caso de hacerlo, donarlo íntegramente a distintas comunidades o sectores de la población con necesidades apremiantes.
El regidor giró un oficio con dicha petición al tesorero municipal, Isaías Corona Romero y al alcalde Mario Guzmán Badillo, para oficializar su petición, pues expuso que es una violación a los principios presupuestales del gobierno federal y estatal.
Sostuvo que de acuerdo a su percepción, este incremento a la dieta autorizado por sus homólogos, transgrede la ley de disciplina financiera, la ley de presupuesto, la ley de austeridad y la ley de responsabilidades de los funcionarios públicos.