Tras encontrarse múltiples irregularidades y descubrir que se afectó el patrimonio público estatal, el Congreso de Tamaulipas aprobó derogar el decreto LXIV-609, en el que se autorizó la venta de cinco terrenos en playa Miramar, que serían destinados a proyectos turísticos privados.
Con 20 votos a favor y dos abstenciones y la ausencia de la bancada panista, en sesión extraordinaria se aprobó el dictamen de la Diputación Permanente y se declaró nula la operación por más de 260 millones de pesos, realizada en el gobierno del panista Francisco García Cabeza de Vaca.
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Se estableció que esa enajenación estuvo “llena de irregularidades”, que la operación no beneficia a la colectividad pues “fueron bienes sustraídos del Estado”, que deben regresar a la hacienda pública para ser utilizados ahora sí a favor del pueblo.
Por lo tanto, todos los actos, negocios jurídicos, convenios y contratos derivados del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de agosto de 2021, adquieren nulidad, sin perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo, civil o penal en que incurran quienes intervinieron en los mismos.
Se dará vista a la Contraloría Gubernamental, para que inicie los procedimientos de responsabilidad penal, si así lo considera, “en contra de quien o quienes hayan tenido intervención con la finalidad de coaligarse para tomar medidas contrarias a la Ley”.
El dictamen presentado por el presidente de la Diputación Permanente, Humberto Prieto, expuso que luego de un análisis se encontró que los proyectos presentados por “Hospitals&Investments” y “Discovering Mexico Destination Club”, no cumplen de manera general con los aspectos técnicos, financieros y de impacto en el desarrollo turístico, además de no haber exhibido en ningún caso el flujograma de obra requerido.
El 17 de marzo de 2022, el gobierno anterior vendió a la primera tres inmuebles por 158.3 millones de pesos, con un plazo de pago a ocho años, con tres de gracia, para cubrir capital e intereses, así como 60 amortizaciones de 2.6 millones, comenzando a pagar en abril de 2025 y hasta marzo de 2030.
El 18 de agosto de 2022, se emitió el fallo de adjudicación por licitación de los dos lotes restantes, de manera que el 26 de septiembre del mismo año, cuatro días antes de concluir la administración de Cabeza de Vaca, se celebró contrato de compraventa por la cantidad de 106.2 millones de pesos, pagaderos de la siguiente forma: 10% a los 4 años contados a la firma del contrato; 10% a los 5 años; 20% a los 6 años; 25% a los 7 años; 35% a los 8 años.
De la investigación realizada por diversas secretarías del actual gobierno, a petición de la bancada de Morena, se encontró que la primera empresa, no cumple con los requisitos de un proyecto ejecutivo, al no contener la información legal, financiera, económica, social, arquitectónica e ingenieril que permita cuantitativa y cualitativamente analizar la viabilidad del proyecto.
“Señala de manera dogmática como número de empleos a generar entre directos e indirectos, temporales y permanentes un total de 1,344 y que serán 33 empresas locales y regionales beneficiarias, pero no soporta documentalmente la ocupación de dicho personal durante la construcción del proyecto ni en la operación del mismo”.
Tampoco establece el impacto presupuestal que va a generar en la localidad o en la región, con el financiamiento que pudiera tener el inmueble, que además, señala, su edificación tiene calidad de condominio, por lo que no habrá rotación de personas, ni generará un constante flujo de circulante en la zona.
“No es viable el proyecto por tratarse de departamentos y no un desarrollo hotelero con amenidades acorde al destino turístico, por lo que el Estado no tendrá ingresos correspondientes al 2% al fideicomiso del impuesto sobre hospedaje; de igual forma, no se generarán los empleos permanentes propios de un hotel por lo que no se fomentará el empleo formal”, se concluyó.
SJHN