La información difundida por los representantes jurídicos de Torres Ysabella es engañosa, pues no obliga al municipio de San Pedro Garza García a pagar supuestos daños por 60 millones de pesos, argumentó la Dirección General de Comunicación de esta ciudad.
En una breve réplica, la dependencia que encabeza José Luis Mastretta López señaló que a lo único que obliga el amparo concedido es a que el gobierno municipal responda a un escrito que presentó el área jurídica del complejo de departamentos.
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“La información difundida por los representantes jurídicos de Torres Ysabella es engañosa. A lo único que obliga el amparo concedido es a que el gobierno municipal responda a un escrito presentado por los propios abogados del desarrollo.
“La resolución no obliga al gobierno municipal a pagar 60 millones de pesos ni a realizar compensación alguna, sólo obliga a dar respuesta al escrito”, refutó el municipio.
Ayer MILENIO Monterrey publicó el comunicado del área jurídica del mega desarrollo donde establece que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa concedió un amparo a su favor, en el que supuestamente el municipio deberá pagar 60 millones de pesos por daños y perjuicios.
El desarrollo señaló que con ello se inician las acciones correspondientes al cobro de daños y perjuicios al municipio de San Pedro Garza García por la suspensión de los trabajos.
La construcción del megadesarrollo Ysabella cumple un año y medio suspendido por la actual administración de Miguel Treviño de Hoyos, cuya edificación se realizaba en la falda sur del Cerro de la Loma Larga.
Por este caso, Javier de la Fuente García, secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano sampetrino, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) tras una denuncia presentada por Federico Othón Zambrano Salas, desarrollador que impulsa Ysabella.
En diciembre pasado, el inmobiliario presentó una ampliación de denuncia ante la FGR en contra del alcalde por presuntamente desacatar la orden de la jueza segundo de Distrito en Materia Administrativa de levantar la suspensión definitiva de la obra.