Tras la expropiación concretada para ampliar la avenida, el municipio de San Pedro Garza García cercó y cerró la vialidad de ocho calles a la redonda del centro para iniciar el desalojo de vecinos y demolición de las propiedades.
Con presencia de policías, patrullas y la Unidad Móvil del C4, además de 200 trabajadores municipales y de empresas particulares, iniciaron los trabajos desde las 07:00 horas para notificar y desalojar y posteriormente demoler las propiedades, retirando a la prensa hasta la avenida Corregidora, pese a ser vía pública.
“¡Nos van a tumbar! Qué groseros, ni siquiera nos han pagado, nos van a quitar 6 metros”, señaló Rosalía Jasso, vecina con 50 años de residir en el número 515, una de las tres propiedades a las que el municipio busca pagar 2 millones de pesos que aún no liquida.
Los cuatro domicilios en cuestión que no han sido indemnizados con esos 2 millones de pesos son los identificados con los números 533, 533-A, 521 y 515.
“No mame, usted no me dijo eso”, le respondió el vecino de la casa con el número 521 sobre Vasconcelos y la calle Allende al actuario.
“¡A mí no me van a sacar aquí! Ya estaba asustada!, dijo una vecina adulta mayor a un funcionario municipal.
En estos momentos se está realizando el proceso de notificación a 8 vecinos del acuerdo de expropiación por causa de utilidad pública, publicado hoy en el Periódico Oficial del Estado.
Con el apoyo de trabajadoras sociales y asesores legales, cada uno de los vecinos está siendo orientado sobre la indemnización a la que tiene derecho, que en este caso incluye el valor comercial total del inmueble, incluso en los casos de afectaciones parciales.
En los predios que solo fueron expropiados de manera parcial, se construirán muros con las mismas características de los anteriores en los nuevos límites de la propiedad.
En la obra se proyecta una inversión de 125 millones de pesos.
Esta recuperación del espacio público se da tras la publicación esta mañana del acuerdo en el Periodico Oficial del Estado para expropiar 8 predios, de los 58 existentes en el tramo, como un último recurso tras un proceso de negociación que ha llevado 3 años.
Para este proyecto fue necesaria la cooperación y negociación con los dueños de 34 predios, 30 de la acera norte y 4 de la acera sur.
Con 25 de éstos se logró acuerdos tras 3 años de trabajo, mientras que 8 fueron expropiados como un último recurso posible. El predio restante ya tenía el área de afectación vial determinada por acuerdo de la Comisión de Planificación del Estado.