El municipio de San Pedro Garza García instaló un cerco alrededor de la propiedad de una mujer que logró ampararse para detener la ampliación de la avenida Vasconcelos.
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Luego de que el Primer Tribunal Colegiado favoreciera a una locataria con una suspensión provisional, una banda amarilla fue colocada desde el sábado en el predio número 359 poniente, entre la avenida Corregidora e Hidalgo.
“Que cesen las órdenes o instrucciones dadas a empleados estatales o municipales, constructoras o personas físicas o morales de ingresar, destruir, demoler, desalojar y desposeer del inmueble en referencia, pudiendo continuar con la obra pública en el resto del tramo expropiado", señala el documento del amparo.
La propietaria y locataria de este terreno se llama Rocío Leos Chávez, quien obtuvo la resolución de la suspensión provisional el pasado 12 de octubre, luego de que el alcalde Miguel Treviño de Hoyos dijera que ningún recurso legal interpuesto frenaba las obras de ampliación.
En contraparte, al municipio sampetrino le fue rechazado, por no tener fundamento, el recurso de queja interpuesto.
La dirección General de Comunicación Social e Imagen municipal quedó en informar sobre el cerco a la propiedad.
La mañana del 1 de septiembre, tras la expropiación concretada para ampliar la avenida, el municipio desalojó a vecinos e inició la demolición de las propiedades de ocho ciudadanos, muchos sin tener una indemnización pactada, por lo que fueron desalojados sin aviso ni tiempo para maniobrar.