En 2008, el Primer Tribunal Colegiado del Tercer Circuito de Guadalajara, notificó que “hasta 584 hectáreas” de la primera ampliación del ejido Santa Ana Tepetitlán, Zapopan, enclavadas en el bosque La Primavera, ya no formaban parte de la reserva ecológica más importante de la región. Diez años después, ante la invasión urbana, el saqueo y la destrucción del bosque, las autoridades del núcleo agrario no saben qué hacer, y reclaman la acción de los gobiernos municipal, estatal y federal para contener el desbordamiento urbano al interior de los ecosistemas naturales.
En la revisión 465/2007 del juicio de amparo 413/2001, con el voto dividido de los tres ministros integrantes, dos de ellos consideraron válido equiparar por sus efectos jurídicos una expropiación (en la cual el Estado se queda con la propiedad de los bienes) con una declaratoria de área natural protegida (en la que sólo limita sus usos), y al no haber sido notificados los quejosos del decreto de la reserva de 1980, ni mucho menos oídos y vencidos, como lo establece el artículo 14 constitucional, determinaron que el decreto del presidente José López Portillo es violatorio de las garantías individuales (MILENIO JALISCO, 7 de julio de 2008).
En esa resolución, deficientemente combatida por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ha sido causa del desastre. La mañana de ayer, el presidente del comisariado ejidal, Bernabé Sánchez Lazo, leyó en conferencia de prensa:
“…durante muchos años nuestro ejido ha sufrido toda clase de atropellos, en particular en la superficie que ocupa parte del uso común, motivo por el cual, las actuales y anteriores autoridades ejidales […] se han dado a la tarea de tratar de frenar los atropellos de los cuales ha sido víctima el ejido, así como el deterioro ambiental sufrido en particular en la superficie que encierra parte del bosque La Primavera, motivo por el cual se han girado infinidad de escritos a diversas dependencias con el objeto de solicitar su intervención…”.
Son predios que, conforme con las leyes ambientales y la Ley Agraria, “no permiten ser fraccionados, y/o subdivididos en parcelas o solares destinados a asentamientos humanos; sin embargo, y no obstante las restricciones urbanísticas en la zona, las tierras del ejido han sido constantemente amenazadas e invadidas por acaparadores de tierras que a través de asociaciones ficticias y otras constituidas legalmente, convocan a grupos vulnerables para vender lotes de terrenos fuera de todo procedimiento legal y de manera masiva han invadido gran parte de los terrenos…”.
No ha habido respuesta. En particular, refirió a una reunión en la plaza principal del viejo poblado de indios, conocido como Santa Ana de los Negros, en 26 de abril de 2017. Aseguran se acercaron a la administración de Pablo Lemus Navarro, y a representantes estatales y federales, para demandar poner freno a las anomalías. Esto se ratifiucó en escrito del 19 de junio siguiente. Se reportó tala inmoderada, extracción de recursos del bosque, “extinción de flora y fauna”, tiraderos de basura, rellenos de barrancas, daño a mantos de agua, delincuencia e inseguridad y una vulneración general del territorio.
Esto no produjo nada, agregaron. Este domingo convocan a candidatos municipales y estatales para que los escuchen y se haga algo. Y en honor a la verdad, no fue la primera administración municipal que se enteró del problema. En los años de Héctor Robles al frente de la comuna, incluso se entabló una denuncia penal, pero ni siquiera se le dio seguimiento. El frente de invasión urbano fue el origen del incendio más devastador desde 2005, en abril de 2012. Los campesinos obtienen la amarga cosecha de su inexplicable amparo de 2003. Hoy claman por ser rescatados.