Nazareth del Carmen de la Llata Pot, madre de una menor de edad de tres años de edad y originaria de Quintana Roo, acusó una serie de irregularidades en el juzgado cuarto familiar del distrito judicial de Pachuca el cual preside la juez Arminda Araceli Frías Austria.
Esto a año y medio de permanecer en Hidalgo pues en el juzgado cuarto familiar en la capital del estado se llevan los procesos en contra del padre de su hija Gabriele N por la guarda y custodia de la menor, la pensión alimenticia y la suspensión de la patria potestad.
Entre las irregularidades que acusó Nazareth del Carmen están: que la psicóloga Erika Butanda no tomó en cuenta en su peritaje la violencia familiar de su ex pareja, que la juez decretó visitas supervisadas del padre con la mejor en plena pandemia de covid-19 siendo él el violentador, que la secretaria de acuerdos de su caso, Martha Ivonne Hernández Ortiz quiso llegar a un acuerdo con ella y su ex pareja a pesar de haber dos carpetas de investigación contra él y que el hijo de Hernández Ortiz se convirtió en el abogado defensor de padre de su hija.
Mencionó que en el Consejo de la Familia en una ocasión su hija, tras las visitas supervisadas para que el padre la pudiera ver le fue regresada con moretones, que el presidente del Consejo, Onésimo Piña la trató de manera grosera y que apretó una pierna con la puerta de las instalaciones y que por denunciar las marcas de su hija la juez comenzó a multarla, “el sistema de justicia lejos de protegernos nos revictimiza”.
De la Llata Pot comentó que la juez retardó ocho meses las pruebas toxicológicas de Gabriele N pues este no solo consume alcohol sino también mariguana, pruebas, dijo, de que su hija no puede estar con él, “donde está la objetividad”.
Agregó que la misma juez ha hecho comentarios de que se regrese a Quintana Roo, sin embargo, apuntó que no puede hacerlo porque le iniciarían carpetas de investigación en su contra aquí en el estado.
Ante la serie de irregularidades pidió que la juez y la secretaria de acuerdos ya no tengan que ver en su caso y se movilice a Cozumel, en Quintana Roo, “nosotros no somos de acá, a mi hija la sustrajeron al año ocho meses, hace unos días cumplió tres años, está pasando su infancia aquí en un sistema alejado de su red de apoyo”.
De igual modo, llamó a las autoridades superiores de la juez a que se emitan las sanciones correspondientes ante su actuación en el caso, “por eso pasa eso porque hay injusticias y sanciones no las hay, que realmente el Consejo de la Judicatura investigue y que se den las sanciones de comprobarse todo lo que yo estoy mencionando de lo cual tengo pruebas”.
En el caso de la pérdida de patria potestad que se lleva en el juzgado, comentó que la juez se niega a ello, “le dije estoy pidiendo esto y me dijo: no, patria potestad no, y le dije pero hay delitos y me respondió: cómo yo sé que el señor es violento”.
Finalmente, recordó que el expediente contra su expareja, quien sustrajo a su hija y fue localizada por autoridades de Hidalgo, lo inició en el estado el 28 de enero de 2021.