En 2023, las tareas anticorrupción no solamente serán responsabilidad de las siete instituciones que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sino que otras instancias, como la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) también se involucrarán.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del 2023, estas y otras instituciones que no forman parte del SNA ejercerán recursos etiquetados para el combate a la corrupción.
“El presupuesto anticorrupción no es presupuesto adicional que se otorga a las unidades responsables del gasto, sino que como parte de su presupuesto, lo etiquetan hacia esas acciones”, explicó Paulina Vallejos, titular de la Unidad de Riesgos y Política Pública de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), quien, en entrevista con MILENIO, destacó que para el 2023 se involucren más instituciones en las tareas anticorrupción, pues significa una corresponsabilidad entre distintos entes públicos para combatir este flagelo.
En total, durante 2023, 22 instituciones del país ejercerán 6 mil 589 millones 177 mil 802 pesos en tareas exclusivamente enfocadas en el combate a la corrupción, de acuerdo con el Anexo Transversal Anticorrupción (ATA) del PEF, lo que significa un incremento presupuestal del casi 90 por ciento en comparación con el 2022, cuando a 10 instituciones se les destinaron más de 3 mil 532 millones de pesos.
Este incremento se debe a que, para el próximo año, 12 instituciones, diferentes a las 10 que participaron este año, se sumarán a las acciones etiquetadas en el Anexo Transversal Anticorrupción, pues de acuerdo con la Política Nacional Anticorrupción (PNA), tienen acciones específicas por realizar en la materia.
SEP incursiona en lucha anticorrupción
Entre las instituciones nuevas en el ATA está la SEP, que destinará 39 millones 907 mil 807 pesos en labores para involucrar a la sociedad y el sector privado en la lucha anticorrupción.
Las áreas de la SEP que participarán en esas tareas son las direcciones generales de Desarrollo Curricular, la de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe, la de Educación Superior para el Magisterio, la de Formación Continua a Docentes y Directivos, la de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y la de Bachillerato, que es la que suma la mayor cantidad de recursos anticorrupción en esa dependencia, con 25.7 millones de pesos.
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Además, la dirección general de Procesos y Estructuras Organizacionales de la Secretaría de Bienestar etiquetó 8.5 millones de pesos para promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad.
Con esa misma finalidad, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) de la Secretaría de Economía destinará 7 millones 23 mil 424 pesos y el Inmujeres, 1 millón 270 mil 998 pesos-
El Conacyt, por su parte, etiquetó 5 millones de pesos en tareas para involucrar a la sociedad y el sector privado en la lucha contra la corrupción y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), 2 millones de pesos para tareas enfocadas en combatir la corrupción y la impunidad, mientras que el Archivo General de la Nación ejercerá 959 mil 122 pesos en tareas para combatir la arbitrariedad y el abuso de poder.
La ASF, la mayor rebanada
Aunque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) forma parte del Comité Coordinador del SNA, hasta este año no etiquetaba su presupuesto como recursos públicos destinados a las labores anticorrupción en el ATA.
Para 2023, la ASF inscribió la totalidad de su presupuesto como gasto anticorrupción, que asciende a 2 mil 693 millones 555 mil 575 pesos, lo que la convierte en la institución que concentra más recursos para tareas en esa materia a nivel nacional, con el 40.87 por ciento del ATA.
Además de la ASF, otras instituciones recién incorporadas al ATA son cuatro áreas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: la Dirección General de Programación y Presupuesto, la Oficialía Mayor, la Unidad de Contabilidad Gubernamental y la Unidad de Política y Control Presupuestario, que en conjunto tendrán 122 millones 660 mil 355 pesos.
Las instituciones que desde 2022 están incluidas en el ATA son el Consejo de la Judicatura Federal ─la segunda institución con más gasto anticorrupción luego de la ASF, con mil 600 millones de pesos etiquetados─, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Subprocuraduría Fiscal, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la SESNA y la Fiscalía Anticorrupción.
Falta medir resultados
Para Dalia Toledo, directora anticorrupción de Ethos Innovación en Políticas Públicas, los siguientes pasos a dar después de que se logró identificar el gasto anticorrupción por cada institución que participa en esas tareas son consolidar el ATA para que cada año se desglose en el Presupuesto de Egresos y establecer indicadores para evaluar el uso que se hace de esos recursos.
“El Anexo es un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas pues permite saber cuánto dinero están gastando las dependencias en el combate a la corrupción y a partir de ahí, sentar unas bases para exigir resultados”, dijo.
“Desafortunadamente para poder exigir esta rendición de cuentas, nos hace falta la otra parte, creo, que es la que está en construcción, que es cómo vamos a medir cómo están avanzando todas las instituciones que participan en el combate a la corrupción”, consideró.
Toledo aseguró que ya se están haciendo algunos ejercicios por parte de la SESNA para desarrollar algunos indicadores que permitan medir los avances y correlacionarlos con el gasto.
Por otra parte, para fijar el ATA al presupuesto, la especialista explicó que existe una iniciativa en el Congreso de la Unión para que forme parte de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
“Desafortunadamente, todos los presupuestos, excepto el de género, cuando no están incluidos en la Ley Federal de Presupuesto, dependen de la voluntad política”, expuso.
“Es apenas una iniciativa, pero creo que es un paso adelante porque tampoco podemos rastrear y exigir cuentas, cuando tenemos información intermitente, la tuvimos en 2018, la volvimos a tener en 2021 y a partir de ahí la hemos recopilado, pero si no tenemos esa información, darle seguimiento a esos recursos es más complicado”, afirmó.
HCM