La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que por ningún motivo se busca establecer relaciones clientelares a cambio de votos con líderes de comerciantes u organizaciones que se han manifestado por seguir viviendo del erario público, como en el caso de la vivienda.
Por ello, le propuso al director del Instituto de Vivienda, Anselmo Peña y a la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, poner un Ministerio Público móvil fuera del INVI pues se han encontrado diversos casos de corrupción que se están revisando con lupa particularmente en la administración de Miguel Ángel Mancera.
“¡Eso se acabó!, no vamos a hacer cómplices de corrupción previa (en otras administraciones) ni vamos a poner el riesgo, bajo ningún motivo, los recursos públicos que para nosotros son sagrados”, dijo.
Subrayó que en la Ciudad de México hay derechos, por lo que se defenderá el trabajo para aquellos que históricamente han laborado en vía pública.
“Pero no es a cambio de un favor político ni mucho menos de recursos económicos. Se acabó la corrupción y se acabó la clientela, y eso es lo que tiene a muchos muy desesperados porque vivían de eso”, dijo.
En conferencia, y tras las manifestaciones de comerciantes en vía pública al exigir vivienda, la mandataria capitalina comentó que en el caso del Centro Histórico, hay muchas plazas que se dieron a grupos de comerciantes en vía pública que están vacías o que ellos mismos rentaron a terceros cuando no se podía, cuando había un acuerdo de retirarse de la vía pública para concentrarse en las plazas.
“Se están revisando todos los Permisos Administrativos Temporales Revocable (PATR), se les está dando la oportunidad de que regresen a las plazas, incluso de visualizar más estas plazas, pero lo que no puede ser es que tengan la plaza y aparte estén de nuevo en la vía pública, cuando ya había un acuerdo, fuera con nuestro Gobierno o con anteriores”.
Señaló que el diálogo nunca se cerrará y se está pasando a un esquema en donde el propio comerciante tenga la posibilidad de acreditarse directamente con el Gobierno.
“Hay muchos comerciantes en vía pública que están también muy cansados de los famosos líderes, de que tengan que pagarles lo que estos decidan, así que nosotros estamos trabajando, seguimos hablando con los líderes, porque no quiere decir que siga cerrado el diálogo con ellos, pero tenemos que entrar a un proceso en donde el derecho al trabajo sea compatible también con los acuerdos que se toman de tener espacios en donde no se permite el comercio en vía pública”.
Casos INVI
En cuanto a los que se manifiestan por querer vivienda, expuso que tiene que ver con lo mismo, “y por ello; reitero, para nosotros se acabó el que la clientela política asociada al Gobierno”.
Relató que en sus audiencias públicas ha recibido una gran cantidad de denuncias de fraude relacionadas con el INVI, particularmente de la última administración.
“Que el líder le cobró 60 mil pesos y que en realidad nunca lo registró en el INVI o que una persona del INVI estuvo en contubernio, y a la hora de la hora, le dieron la vivienda a otra persona. Está lleno de eso”.
Asimismo, apuntó se están hay otros temas que están revisando del patrimonio inmobiliario, pues en el INVI hubo predios que se compraron en valores distintos, otros que supuestamente iban a vivienda social acabaron en otra, “por eso hay una revisión muy exhaustiva”.
Por ello, “le propuse el director del INVI y a la fiscal, que abrieran un Ministerio Público móvil afuera del INVI y que vaya la gente y denuncie los fraudes personalmente ahí, porque lo que ya no puede seguir son, como dice el Presidente (Andrés Manuel López Obrador), las lacras de la política, ya se tienen que acabar, ni clientela, ni corrupción, es el derecho a la vivienda y al trabajo, ese sí, no lo otro, estamos en la transformación del país”.
Comentó que hay un caso de una obra que por estar en proceso jurídico no puede detallar pero data de 2007.
Ahí, una empresa la realiza pero después presentó un recurso en el Tribunal Administrativo diciendo que no se le pagó; el juicio sigue y al llegar la nueva administración al Gobierno capitalino un juez estableció que se tenía que pagar el 2 por ciento diario del valor de la obra que era de 1 millón 400 mil pesos y ya va el proceso casi a la Suprema Corte.
“Casos como estos los estamos revisando desde el principio con lupa junto a la Contraloría, y hoy el Consejero Jurídico está en toda la revisión, y evidentemente hay que seguir todo el trámite jurídico administrativo”, finalizó.
grb