En la propuesta para la compra de patrullas en Tula de Allende hubo mala fe pues se detectó un sobreprecio en el costo de las unidades, lo que mermaría las finanzas, aunque hay anomalías y se puede revertir el proceso, destacó el regidor Ricardo Baptista González.
Explicó que el peor problema de Tula es la inseguridad y está ligado a temas como el del parque vehicular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tanto las que se pueden rehabilitar aún como las que se pueden adquirir.
Reveló que en ese rubro “también había una mala intención, pues en la propuesta (de compra de patrullas) que no aprobamos, querían comprar cuatro patrullas por casi 7.5 millones de pesos”.
A raíz de que se detectó esa irregularidad se presentó otra propuesta de cotizaciones, lo que les permitió evidenciar un sobreprecio de un millón 700 mil pesos, lo que permitiría adquirir otra unidad o motocicletas.
Y agregó que existía la preocupación de que el ganador de la segunda licitación pudiera demandar, “pero el convenio nunca se firmó y además los auditores han encontrado que la ruta administrativa está mal hecha”.
Lo anterior toda vez que “no está firmada por el presidente o los funcionarios, sólo están firmados por alguien que no es el titular y por ausencia, entonces nos demuestra que hubo un proceso que intentaron sacar muy rápido y que no ha seguido la línea legal para su contratación”, y adelantó que es un tema que podría resolverse esta semana.
Por otra parte, dijo que hay temas que se tienen que resolver aún, entre ellos una adecuación presupuestal que presentaría ante el cabildo el ahora ex alcalde Manuel Hernández Badillo, pero que por el proceso en su contra ya no pudo hacer.
Explicó que la adecuación consiste en modificaciones la ley de ingresos 2023 de Tula, algo que además no puede hacer el municipio, pues es facultad exclusiva del Congreso del Estado a propuesta de los municipios.
Dijo que esa adecuación se tuvo que hacer entre marzo y abril de 2023, pero a unos días de concluir octubre todavía no se discute ni resuelve este ajuste que impactará también al presupuesto de egresos 2023.
Esto pues en consecuencia se tiene que hacer una modificación del presupuesto autorizado de aproximadamente 369 mdp a 419 mdp, “y pareciera que tendríamos más recursos, pero es un recurso extra ya gastado por el anterior presidente”.
Baptista destacó que estos son temas que actualmente están en mesa de trabajo, y consideró que deben atenderse a la brevedad para evitar más problemáticas para el municipio.