Aunque emocionada por recuperar su libertad después de 12 años en prisión sin una condena firme, Veronica Razo Casales, quien fue víctima de tortura sexual por la antigua Policía Federal, en la era de Genaro García Luna, cuenta a MILENIO que tiene miedo a represalias y a un “exterior” que ahora le es desconocido.
“Tiemblo de miedo de qué pueda pasar después; pero aquí estoy, y me cuesta trabajo, pero voy a seguir adelante. Sí tengo miedo de que existan represalias por parte de ellos (los agentes de la PF), porque ahora la que estoy fuera soy yo”, comenta en entrevista.
“Tenía una vida estable. No estaba llena de lujos pero era muy hermosa. Vivía para mis hijos, trabajaba para mis hijos y era feliz en todos los aspectos”.
El pasado 4 de enero, un Tribunal Colegiado la absolvió y ordenó su liberación del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 16, al no existir indicios de incriminación, aunque en 2011 los federales la torturaron para que firmara, junto con su hermano Erick (que también fue exonerado), una declaración donde admitía ser parte de una banda de secuestradores.
“Me torturaron con descargas eléctricas, con bolsas en mi cara, con golpes”, recuerda y respira hondo. Se aprieta el pecho para continuar. “Metieron mi cabeza en tambos de agua, y ahí es donde abusan de mí sexualmente”, agrega con un llanto contenido.
Su paso por el Cefereso 16, de Morelos, lo describe como “hostil y depresivo”, y asegura que, al interior, 9 de cada 10 mujeres está ahí por delitos fabricados.
“(A diferencia de un penal estatal) no tienes llamadas diarias, acceso a visitas diarias…todo es restringido”.
Uno de los principales problemas, acusa, es la falta de personal, y de atención psicológica, psiquiátrica y médica, además de la ausencia de trabajos sociales, así como trámites burocráticos.
“Hay muchas mujeres que han muerto por cáncer de mama, cáncer cervicouterino porque no son atendidas. Los médicos que hay no son suficientes”, reprocha.
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Cuando ella fue detenida, sus hijos eran menores de edad. Aún recuerda las palabras que escuchó de uno de los policías federales vestidos de civil que la detuvieron.
“Me voy a echar a la bolsa unos bonos”. Luego la encañonaron y subieron a un vehículo. Era junio de 2011.
“Iba a ir a recoger a mis hijos a la escuela; caminando se frena un carro y me apuntan en la cabeza. (...) Nunca llegaron uniformados ni nada o en vehículos oficiales”, explica, pues en un principio pensó que se trataba de un secuestro.
Durante el traslado la golpearon, amenazaron con asesinarla junto a su madre e hijos y hasta las extorsionaron al exigirles dinero para dejarla en libertad.
Los agentes llevaron a Veronica y Erick, a lo que “parecía ser un sótano o estacionamiento”. Años después supo que se trataba de las instalaciones de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), donde permaneció incomunicada por 24 horas.
Al momento de su detención sus hijos tenían 6 y 12 años. Trabajaba para un banco y un año más tarde saldría de su empleo con la meta de tener otro bebé . Ahora, con 45 años, “gracias a la lejanía, a la cuestión económica y a todo, mi vida se terminó”.
Según datos del Inegi, en 2022 las prisiones mexicanas albergaron a 88 mil personas que no tenían una condena, es decir, que no se sabía si eran culpables. El 50 por ciento de ellas, bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa, donde solo basta el señalamiento de alguien para ser encarcelado.
José Luis Espejel Hernández, abogado del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) y quien representó legalmente a Verónica, destacó que cuentan con más de 100 peticiones para la revisión de medida cautelar.
Acusó que la figura de la prisión preventiva oficiosa “da cierta apariencia de que las autoridades de procuración de justicia y judiciales trabajan”, aunque en realidad inflige la presunción de inocencia.
“El Estado no puede seguir teniendo personas 10 años en prisión preventiva que no tienen sentencia, que no han sabido que ha pasado con su asunto”, reprochó.
En 2021, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU se pronunció por la excarcelación de Verónica.
“Con esa detención a mi me hicieron añicos, porque dejaron secuelas en mi mente e incluso mi cuerpo, físicas, de toda esa tortura a la que me sometieron; (...) aún no sé cuánto tiempo me cueste superar esto han pasado 12 años y medio y no he podido no he podido superarlas”, sentenció Verónica.
EHR