El peligro de que el funcionamiento de fotoinfracciones en el área metropolitana de Guadalajara sufriera una baja en su operación fue alertado previamente por la sociedad civil. El motivo es que las autoridades responsables no tendrían la capacidad para continuar con el funcionamiento de dicho programa preventivo.
Han sido las organizaciones Jóvenes Salvaguarda, Víctimas de la Violencia Vial y Click por Amor Abróchalos las que han manifestado posicionamientos respecto a la decisión del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y han dado el seguimiento al caso. Respecto a la operación de fotomultas al 50 por ciento de su capacidad, habló Yessica Hernández de Jóvenes Salvaguarda.
En entrevista dijo: “Alguna vez nosotros, antes de que empezara todo este proceso comentábamos que nos preocupaba muchísimo el que no existiera una empresa, sea la empresa que sea, encargada de operar todo lo que es el software, las cámaras y la entrega porque sabíamos que no tenía la capacidad el gobierno. Entendemos el hecho de que la población pues a lo mejor vio que la empresa se estaba llevaba de más pero creemos que con los beneficios que se tienen, que es lo que se está buscando, el reducir la velocidad de los conductores para reducir las muertes vinculadas al exceso de velocidad pues el hecho de que no exista una capacitación real de nuestro gobierno pues no se vaya a operar al cien por ciento el programa”.
El punto medular para la sociedad civil es que al no operar el programa de fotoinfracciones al cien por ciento, los automovilistas vuelvan a incrementar la velocidad por las vialidades de la ciudad y con eso se puedan incrementar el número de muertes en accidentes automovilísticos.
Hasta el mes de junio, se habían registrado 9 mil 372 accidentes en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Tlajomulco. De ese total, en mil 291 hubo personas lesionadas y 247 muertos en el lugar del accidente. Todo el 2017 se contabilizaron 16 mil 353 accidentes de los cuales 2 mil 200 tuvo personas con lesiones y 247 fallecimiento en el sitio.
“La gente claro que observa y sí sabe que ya no están las cámaras ¿por qué? Porque son personas a exceder la velocidad y ellos ya sabían dónde les tomaban la foto y era la ventaja de tener cámaras en una distancia corta”, agregó Yessica Hernández.
La propuesta hecha de las agrupaciones civiles era que el servicio siguiera operando por una empresa mientras se realizaba el proceso de transición. De esta forma, el trabajo del gobierno del estado, a través del Instituto de Movilidad, iniciara cuando ya se tuviera con todo lo necesario para echarlo andar.
Las preocupaciones no terminan con respecto a la operación de las fotomultas pues se agrega el próximo cambio de administración. Esperan que el programa no se olvide ante la llagada de nuevos funcionarios y recordaron que ya se han realizado trabajos con integrantes del Partido Movimiento Ciudadano y cercanos al gobernador electo Enrique Alfaro Ramírez.
A través del Observatorio de Lesiones se estará revisando cómo la disminución de la operatividad de fotomultas ha afectado a un posible incremento de accidentes en la ciudad. El programa ha operado a un 50 por ciento de su capacidad durante los meses de mayo, junio, julio y lo que va de agosto.
Las agrupaciones sociales han realizado respectivas peticiones durante el tiempo en el que se ha debatido la operación de fotomultas. Unas de ellas son un mejor balizamiento y señalización, la integración de mejores semáforos. De igual forma se han manifestado con respecto al fideicomiso integrado por el pago de fotomultas y el destino de dichos recursos.
SRN