Solicitan protocolo de defensa ambiental en Atitalaquia

La CDHEH emitió una recomendación “por haberse acreditado violación a derechos humanos” en el caso del basurero regional en este municipio

Pobladores siguen oponiéndose al basurero regional. (Francisco Villeda)
Francisco Villeda
Atitalaquia /

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación por el caso del basurero regional de Atitalaquia, debido a que se acreditó la violación de derechos humanos.

Briseida Martínez Rosalestitular de la visitaduría general de la dependencia emitió la recomendación con folio RVdRO-0004-22, derivado de una queja iniciada en febrero de 2022 en contra del edil de Atitalaquia, Agustín Hernández Olguín, la síndico procuradora, Viridiana Cerón Solís, y los asambleístas Humberto Hernández Hernández, Leticia Montoya González, Blas Pérez Lara, Rosario López Villeda, Jhony Neri Álvarez y Montserrat Eli Lienzo Rivera.


Pero también contra el entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo (Semarnath), Said Javier Estrella García.

Dicha recomendación fue emitida “por haberse acreditado violación a derechos humanos”, por la aprobación y puesta en marcha del proyecto para el manejo de residuos sólidos, en las instalaciones ubicadas en la comunidad Bojay, hechos descritos en el expediente CDHEH-VdRO-0032-22.

Tras las indagatorias la de pendencia recomendó a la contraloría estatal iniciar un procedimiento administrativo al entonces titular de Semarnath para determinar si incurrió en alguna responsabilidad por el caso, y de ser así, que se le imponga la sanción correspondiente.

A la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) le recomendó integrar la carpeta de investigación del Número Único de Caso (NUC)16-TLAX-2022-00464, en la que se investiga el homicidio del activista J.B.A., y también le solicitó al encargado de la dependencia, Santiago Nieto Castillo, dictar medidas de protección a los testigos del caso.

Recomendó además la CDHEH crear en un plazo no mayor a seis meses un Protocolo de Protección para Defensores Ambientales, a fin de generar condiciones seguras para desempeñar su labor y evitar hechos violentos.

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