La solicitud de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) para llamar a comparecer a Juan Carlos Castillo Cantero, presidente municipal de San Diego de la Unión para que explique por qué se negó a atender una recomendación de dicha procuraduría, llegó ante el Congreso del Estado de Guanajuato.
Fue en sesión extraordinaria de la comisión permanente, que recibieron la solicitud los diputados integrantes, quienes a su vez la han remitido a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen; cabe destacar que se trata de un hecho sin precedentes en la entidad.
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Fue el 30 de agosto de 2022, cuando se emitió la recomendación en el expediente 101/17-D dirigida al alcalde Juan Carlos Castillo tras acreditársele que cometió violencia contra una regidora durante el periodo 2015-2018, en ella se exigía la disculpa pública del edil, pues con base a pruebas y testimonios se determinó que la regidora fue violentada en su derecho a vivir una vida libre de violencia.
La recomendación incluía una disculpa en favor de la regidora, la cual deberá incluir el compromiso y garantía de 'No repetición del hecho aquejado', lo anterior respecto de la Violación a la Dignidad Humana, por la manera de conducirse durante la conversación que se sostuvo entre ambos, misma que resultó probada dentro del sumario en agravio del quejoso, de conformidad con los argumentos esgrimidos en el caso concreto de la resolución.
De acuerdo a los testimonios, al termino de una sesión de ayuntamiento, la regidora agredida habría sido perseguida por el alcalde, quien trato de quitarle documentos por medio de la fuerza, existiendo manoteos, forcejeos e insultos de su parte, mismos que fueron corroboradas por los testigos.
Derivado de ello, el alcalde utilizó las redes sociales para revictimizar a la regidora y realizar juicios de valor, todo ello quedó constatado por la Procuraduría.
MLMG