SRE negó indemnización a víctimas de desaparición en Chihuahua en 2009: activistas

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres calificó de “desafortunado e ilegal” el actuar de la cancillería, la cual notificó a la CIDH su negación a pagar indemnización a familiares de personas desaparecidas el 29 de diciembre de 2009.

La cancillería interviene a través del personal de los consulados.
Francisco Mejía
Ciudad de México /

El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres calificó de “desafortunado e ilegal” el actuar de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual en días pasados notificó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su negación a pagar indemnización a familiares de personas desaparecidas el 29 de diciembre de 2009.

Nitzia Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado fueron privadas de su libertad en aquel año, en el municipio de Buenaventura, Chihuahua, “por elementos del Ejército mexicano”.

El CEDEHM precisó que fue 19 de diciembre, cuando la Corte notificó a las víctimas que la SRE a través de la embajada de México en Costa Rica “había presentado un escrito, mediante el cual no quiere hacer el pago de la indemnización de una de las víctimas, haciendo alegaciones de derecho interno basado en normativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer el pago ordenado por el Tribunal interamericano”.

Adicional a ello, el gobierno mexicano no hizo caso de la sentencia, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 20 de diciembre de 2018, se le había dado un plazo de 90 días “para presentar una interpretación de sentencia lo cual no hizo”.

“El hacerlo un año después de notificada la sentencia no solo es extemporánea y deja en desprotección a las víctimas, sino que justifica el incumplimiento de la sentencia en disposiciones de derecho interno, incumpliendo flagrantemente con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con el Artículo 68 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos”.

Piden que el “actuar actual de las autoridades mexicanas no siga revictimizando a las víctimas”.

Ese 20 de diciembre de 2018 la Corte notificó la sentencia condenatoria acusando que el Estado mexicano había desaparecido a las víctimas y le ordenó, entre otras medidas de reparación, buscar a las víctimas, sancionar a los responsables, reubicar a familias desplazadas, brindar atención psicológica a familias.

Sin embargo al día de hoy “no ha cumplidos en su totalidad” con lo ordenado.

La CEDEHM, crítica “peor aún” la Secretaría de la Defensa Nacional que es la directamente involucrada en la sentencia “se ha rehusado a participar en las reuniones de implementación” de esas medidas.

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