De acuerdo al Módulo sobre Ciberacoso publicado por INEGI, en Guanajuato 446 mil 633 mujeres usuarias de internet han experimentado una o más situaciones que las violentaron, 161 mil 346 han sido contactadas a través de cuentas y perfiles falsos y en por lo menos 91 mil 383 casos se ha divulgado su información personal.
Si bien la aprobación para Guanajuato de la Ley Olimpia fue el primer paso, con solo 32 denuncias y una sola sentencia condenatoria durante 2021 por delitos de violencia digital, esto no ha representado el acceso a la justicia a todas las mujeres que son víctimas.
La diputada Yulma Rocha, quien preside la comisión para la igualdad de género en el congreso local, refirió que hace falta mayor capacitación a las autoridades locales para la persecución de estos delitos.
“El hecho de la aprobación de la Ley Olimpia es un avance, pero se ha avanzado muy poco, a la Fiscalía y a sus ministerios públicos les falta conocimiento sobre este tema y falta capacitación. Eso hace que las victimas pierdan la confianza en la denuncia porque saben que no pasará nada, hace falta mayor capacitación y difusión de la información”, señaló.
En el estado, la tipificación de la difusión de imágenes íntimas como delito no se ha traducido en mayor acceso a la justicia, por ello se ve la necesidad de capacitar a las mujeres sobre los protocolos de actuación de llegar a ser víctimas.
“Hace falta también difundir la manera en cómo las mujeres pueden denunciar y facilitar las denuncias orientándolas acerca de lo que se tiene que hacer, ejemplo de ello es saber que en los casos donde se detecta ellas deben tener capturas de pantalla de desde donde se está difundiendo, para que se puedan presentar como pruebas. Desafortunadamente son ellas las que presentan las pruebas son ellas y no las policías investigadoras”, agregó.
De manera complementaria sensibilizar a la población masculina, quienes en más del 90 por ciento de los casos suelen ser los agresores, acerca de las implicaciones legales que tiene esta conducta, que puede llegar hasta a 8 años de prisión y las repercusiones emocionales para las víctimas.
PCQG