Cuando no son enfrentamientos, son ajustes de cuentas, que se traduce en muerte y daños colaterales producto de la violencia que no para en Tamaulipas, en este sentido la Comisión Estatal de Víctimas del Delito brinda atención a 58 mil personas en el estado.
El documento señala que, en los últimos años, las diferentes manifestaciones de violencia han afectado a gran parte de la población a través del secuestro, homicidio, extorsión y robo con violencia, convirtiéndolos en víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
A partir de esto, surge la necesidad de brindar una atención integral y especializada a las personas que fueron víctimas de las distintas formas de violencia, brindándoles un acompañamiento psicosocial, asesoría jurídica, acceso a la justicia y recuperación de su proyecto de vida.
Acumula atenciones
El reporte de Evaluación de Diseño del Programa de Atención a Victimas del Delito señala que de acuerdo con los folios, en el 2012 eran 21 personas; en 2013 se inscribieron 256 más; los que crecieron el 2014 con otros 734; mientras que en el 2015 se sumaron 1,563.
Más tarde, en 2016 se apuntaron 7 mil 057; en 2017 fueron 5 mil 753; en 2018 se incrementaron 3 mil 821 más, y en 2019 fueron 2 mil 872, con lo que el padrón de atención concluyó con un acumulado de 22 mil 077 personas solicitantes.
De igual modo se establece que el padrón de beneficiarios es de 58 mil 846 personas, esta cantidad de solicitantes, incluye a los víctimas directas, a las indirectas y potencial en el marco jurídico de la Ley General de Víctimas.
Bajo este precepto tanto a la víctima como las víctimas indirectas tienen acceso a diversos apoyos del programa tales como atención psicológica, gestión de becas de estudio en el caso de que la víctima tenga hijos que estén estudiando, gestión de manutención, apoyo alimentario, así como los servicios de capacitación para el empleo.
Se informa que para el ejercicio fiscal se asignaron inicialmente 8 millones de pesos, pero luego se dieron dos ampliaciones durante el ejercicio fiscal, al cierre se ejerció en total más de 23.1 millones de pesos.
Se explica que la población potencial, son las personas físicas que hayan sufrido algún daño menoscabo económico, físico, mental, emocional, en general cualquier puesto en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales.
Mientras que la población objetivo, son las personas físicas que requieran servicios de ayuda inmediata y aquellos que hayan formulado la denuncia o querella a efecto de que tengan reconocida su calidad procesal oficio de calidad de víctima y estén ingresadas en el registro estatal de víctimas.
Mientras que la población atendida es el padrón de personas en atención.
SJHN