A cuatro años de haberse reformado el Código Penal para el Estado de Tamaulipas para considerar como delito el maltrato animal, solo una condena se tiene por este concepto; especialista explica que es resultado de la falta de capacitación de las autoridades y la apatía por parte del Ministerio Público.
Ricardo Alberto Cruz Haro, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de México, A. C., refirió que existe un cúmulo de quejas en su asociación con sede en Nuevo Laredo y así en el resto de la entidad; sin embargo, no avanzan por que los MP eluden sus responsabilidades.
“Hemos tenido un caso de sanción en Matamoros, el año pasado (2019); el dueño golpeó al perro con una varilla, fue denunciado y se le aplicó una condena. En Nuevo Laredo, yo tengo un caso abierto por un perro mal herido”, dijo.
Detalló que no hay interés por investigar este tipo de delitos, por ello las personas que denuncian dan varias vueltas para poder ser escuchados, “obteniendo como respuesta el venga después, porque tenemos mucho trabajo o no estamos recibiendo denuncias”.
De acuerdo a la representación que tiene la asociación en la entidad, informó que por lo menos una queja a la semana de ese tipo se da, sin que se pueda contratar una denuncia formal.
“Las querellas que se intentan interponer va por envenenamiento, mata de animales intencionalmente sin que pase nada”, detalló. Por ello, refiere que a cuatro años de considerarse delito el maltrato animal, en Tamaulipas es letra muerta la Ley de Protección Animal.
Debido a que la Secretaría de Salud, no cumple con sus obligaciones, entre ellas evita que haya animales (perros y gatos) en la calle y la esterilización, protectores de animales consideran que la Ley de protección animal es letra muerta en la entidad.
Esto después de que la Secretaría de Salud estatal, ordenó que los Centros Antirrábicos dejarán de operar, convirtiéndose en elefantes blancos y provocando falta de acciones.
“La falta de campañas de esterilización y redadas que antes se hacían para detectar perros con enfermedades se han duplicado, por eso deja mucho de qué hablar la Secretaría de Salud”.
Esta ley (entrada en vigor en el 2018) también contempla un censo, para saber cuántos perros se encuentran en estas condiciones; sin embargo, no se ha realizado
LPR