Tamaulipas registra apenas un 52% en la armonización de sus disposiciones jurídicas que garantizan el derecho a la protección contra la desaparición forzada así como la cometida por particulares, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El organismo advierte que se debe poner atención a las dimensiones políticas, jurídicas, sociales y económicas que lo anterior implica, para garantizar, respetar y promover este derecho y fortalecer la fiscalía especializada en la investigación de delitos de desaparición forzada de personas.
“El estado tiene un avance del 52% en la armonización de sus disposiciones contra la desaparición forzada y cometida por particulares, y un 37.14% en su adecuación para garantizar el derecho a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.
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Expone que si bien no se cuenta con una fiscalía en delitos contra la tortura, deben otorgarse los recursos necesarios para crearla como un órgano con plena autonomía técnica y operativa para la investigación y persecución de estos delitos.
En su Informe Situacional de los Derechos Humanos 2021, la CNDH destaca que la Constitución local de Tamaulipas muestra un avance del 90.91% de armonización en las disposiciones jurídicas con respecto a la Reforma Constitucional de 2011, que representa un punto de inflexión en las tareas de respeto, reconocimiento y promoción de los derechos humanos en el país.
“Para que Tamaulipas contribuya con el deber del Estado mexicano de contar con un marco jurídico integrado y coherente, es necesario que en la Constitución local se haga mención expresa sobre la no discriminación por preferencias sexuales”, añade también su reporte presentado en días pasados.
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Expedientes
Durante 2021, la CNDH integró 325 expedientes de queja contra autoridades de Tamaulipas, de los que 300 han sido concluidos y 25 están en trámite. La más señalada es la Fiscalía General del estado de Tamaulipas con 112 menciones en los casos que ya fueron concluidos y 12 en los que siguen en trámite.
En segundo lugar, la Secretaría de Seguridad Pública del estado se mencionó en 107 ocasiones en los expedientes concluidos y 10 en los de trámite. Finalmente, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue referido 35 veces en los asuntos terminados y 2 en los que siguen desahogándose.
Hay cinco principales hechos violatorios señalados en los expedientes: faltas a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, empleos, cargos o comisiones, el cual se mencionó en 133 ocasiones; el prestar indebidamente el servicio público (113 veces); acciones y omisiones que transgreden los derechos humanos a los migrantes y de sus familiares (58); detenciones arbitrarias (54) y trato cruel, inhumano y degradante a las víctimas (53).
Existen 20 recomendaciones ordinarias dirigidas a las autoridades de Tamaulipas. Todas han sido aceptadas, sin embargo, 16 tienen pruebas de parcial cumplimiento y solamente cuatro han demostrado cumplimiento total. El gobierno del estado recibió la mayor cantidad de recomendaciones durante este periodo, con un total de 15, de las cuales cuatro ya fueron cumplidas.
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