En promedio cuatro denuncias penales al mes contra el delito de aborto se presentan en Tamaulipas, por lo que hasta agosto de este año ya suman 32 carpetas de investigación abiertas tras la interrupción de embarazos, práctica que en la entidad se castiga con cárcel.
El número de acusaciones formales ante el ministerio público prácticamente se mantiene, pues hasta el mismo periodo del año pasado se habían formulado 33 denuncias, es decir, una más que en 2022, detalla el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).
Este 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización del Aborto, por lo que grupos feministas de todo el estado alistan manifestaciones pacíficas para recordar esta fecha.
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Uno de estos grupos es la colectiva Mujer Manglar en Tampico, cuya representante, Martha de la Cruz, señaló que en México desde el 7 de septiembre del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió de manera unánime que es anticonstitucional criminalizar a las mujeres por abortar, “lo que deja sin sustento legal la penalización del aborto en todo el país”.
Apuntó que esto debiera ser el marco legal para sacar el aborto del Código Penal de los estados que aún no lo hacen, como es el caso de Tamaulipas.
“Sin embargo, ni el gobernador saliente ni el Congreso en funciones tuvieron a bien atender nuestra demanda de despenalización y no han lanzado la iniciativa de ley, por lo que saldremos a la calle a recordarles esa deuda con las mujeres”, dijo.
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En Tamaulipas, el Código Penal en su artículo 356 establece que comete el ilícito quien prive de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
A la mujer que voluntariamente lo procure o consienta que otro la haga abortar, se le impondrá una sanción de uno a cinco años de prisión, quedando facultado el juez para sustituirla por tratamiento médico integral, para lo cual solo bastará que lo solicite y ratifique la responsable.
A la persona que provoque la muerte del producto de la concepción de una mujer embarazada, se le impondrán de cuatro a nueve años de prisión, según la gravedad del caso.
La legislación estatal permite el aborto terapéutico, justificado por razones médicas, realizándose en casos de riesgo para la vida de la madre o su salud física y mental; incluso, el Estado tiene la obligación de brindarle toda la atención que requiera para tales efectos. También se permite cuando el embarazo es producto de una violación.
SJHN