En Tamaulipas no se aplicaron al 100% recursos federales destinados al combate a la pobreza, pues hubo obras que se desviaron del objetivo y se pidió devolver 10.6 millones de pesos debido a esa irregularidad.
La Auditoría Superior de la Federación detectó lo anterior al revisar la cuenta pública 2021 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, cuyas reglas de operación estipulan que son recursos para beneficiar a población en pobreza.
Sin embargo, hubo obras que no favorecieron directamente a la población que habita en zonas de atención prioritaria urbanas y rurales en los municipios con mayor rezago social y con ello se infringieron las reglas del programa.
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El dictamen respectivo estableció que “el gobierno de Tamaulipas ejerció recursos por 10.6 millones de pesos al pago de cuatro obras y acciones que no corresponden a la población con los dos mayores grados de rezago social del estado y pobreza extrema”.
Además, la administración estatal, registró las operaciones del fondo en cuentas contables y presupuestales que no fueron debidamente identificadas, actualizadas ni controladas, debido a que comprometió más de lo que se tenía asignado.
Por tal motivo, se pidió aclarar el uso de 10 millones 681 mil 388 pesos y 61 centavos, determinándose tras la revisión de la ASF además 25 resultados, de los cuales en 23 no se detectaron irregularidades y uno fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión del informe.
El restante generó una solicitud de aclaración, por lo que la Auditoría Superior de la Federación pidió proceder conforme al caso. Al 31 de diciembre de 2021, el gobierno estatal había comprometido el 101.6% de su presupuesto total y pagado el 67.5% de los recursos disponibles.
Se incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley de Coordinación Fiscal; de la Ley del Gasto Público del estado de Tamaulipas, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas.
“Se hace necesario que se implementen acciones correctivas encaminadas a la eliminación de las deficiencias detectadas”, se indicó, considerándose que el gobierno cumplió parcialmente el propósito del programa.
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Y es que destinó el 3% de los recursos pagados del fondo al rubro de agua potable, el 5.5% a electrificación rural y de las colonias pobres y el 81% a mejoramiento de vivienda y el 2.7% a gastos indirectos con lo que se atendieron los conceptos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.
“Pero invirtió el 7.6% de los recursos del fondo en cuatro obras y acciones que no beneficiaron directamente a la población que habita en zonas de atención prioritaria urbanas y rurales”.
El organismo de fiscalización concluyó que en general, se realizó una gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.
SJHN