Después de caer en el arranque del sexenio a la posición 16 del Índice de Progreso Social (IPS), Tamaulipas se recupera y posiciona en el décimo sitio.
El ranking, elaborado por México, ¿cómo vamos?, refleja que el estado ha sido de los menos impactados en su desarrollo por la pandemia de covid-19.
Precisa que en 2015, el estado se ubicó en el sitio 11; para 2016 cayó al 16 y ahí se mantuvo el año siguiente. Ya para 2018, subió al lugar 13, en 2019 ascendió al 11 y en 2020 alcanzó el décimo.
Puso lupa a factores como salud, bienestar, agua y saneamiento, nutrición, vivienda, seguridad, calidad medioambiental, inclusión y acceso a educación superior, entre otros.
El organismo no gubernamental expuso que la pérdida de vidas humanas impacta en el bienestar de las familias, pues quienes murieron fueron mayoritariamente hombres en edades productivas.
La pandemia dejó un saldo de 21 entidades con peores niveles de progreso social que el año previo. “El retroceso es consistente con la contracción de la economía mexicana en 2020 tras los confinamientos”.
Según se expone, la contingencia sanitaria no afectó de la misma forma las economías locales, y entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, como centros urbanos de alta densidad poblacional sufrieron un mayor perjuicio.
“Esto se explica porque, gran parte de su actividad económica dependía de los servicios, que eran intensivos en contacto entre personas. Otras tres entidades afectadas en el retroceso de su progreso social fueron Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas”.
Peores puntajes
Las cinco entidades con peores puntajes en el IPS 2020, y que por lo tanto ocupan los últimos lugares en el progreso social, son Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero.
Estas tres últimas han sido además las que peores niveles de bienestar tienen desde que se tiene registro. Su contraparte son Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Ciudad de México y Yucatán; incluso contemplando las grandes pérdidas de bienestar de la capital tras la pandemia.
El ranking de progreso social es una herramienta de medición que busca incidir en políticas públicas de desarrollo que enfoquen recursos en las necesidades particulares de cada entidad.