Taxistas de la Ciudad de México, integrantes del Grupo Génesis, aseguraron que terminar con el coyotaje y la corrupción en los trámites para su sector es obligación de las autoridades capitalinas y no abonaría a eliminar la “competencia desleal” con los servicios de aplicaciones como Uber, DiDi, Cabify, entre otras.
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En conferencia de prensa, el representante de los taxistas, Daniel Medina, exigió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, abrogar el acuerdo del 15 de julio de 2015 publicado en la Gaceta Oficial capitalina, con el cual pretendió regular estas aplicaciones.
“Nos han dicho que traen un esquema donde quieren evitar el coyotaje y la corrupción en los trámites. Yo creo que eso no empareja un piso, eso es querer engañarnos y querer aventar una cortina de humo, porque eso es lo menos que debe hacer un gobierno de los concesionarios”, apuntó.
Aseguró que llevar a cabo el acuerdo fue ilegal, toda vez que se presta un servicio público y puntualizó “debe pasar por un proceso de concesión como nosotros”.
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Refirió que en la ciudad circulan poco más de 100 mil autos privados que prestan el servicio de transporte individual a través de por lo menos siete aplicaciones extranjeras, por lo que agregó es necesario limitar el número de unidades y tener un padrón de conductores.
Destacó que las propuestas de revista vehicular para estos vehículos privados y una licencia especial para los conductores, “son inventos mágicos y mediáticos” con el fin de complicar el cumplimiento de la ley.
“Si no se aplica la ley de movilidad es porque entonces este gobierno, que en campaña enarboló la bandera de acabar con la corrupción, como lo fue en su momento el de Miguel Ángel Mancera Espinosa, protegerán a los negocios ilegales en perjuicio de los trabajadores y prestadores de servicio como los taxistas”, agregó.
Comentó que actualmente al ser un servicio de transporte de pasajeros y no contar con concesión como lo marca la ley de movilidad, las aplicaciones incurren en el delito de transportación ilegal, pues violan los artículos 258 y 260 del documento mencionado.
Finalmente dijo que las penas van de seis a dos años de prisión, así como sanciones económicas.
FLC