José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) señaló que están confiados en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomiende al gobierno mexicano la aplicación de las medidas cautelares y se suspenda la obra del aeropuerto en Santa Lucía, ya que las pruebas que se presentaron sobre la crisis hídrica de la zona y que no hubo una consulta abierta a los habitantes de los pueblos originarios, son causales de peso, que serán tomadas en cuenta.
En entrevista con MILENIO Estado de México, el abogado sostuvo que en noviembre del año pasado un grupo de 100 personas solicitaron ante la CIDH la aplicación de medidas cautelares por la negativa del gobierno federal a suspender la construcción de la terminal aérea en la base militar de Santa Lucía.
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Sostuvo que por la emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial hasta el momento la CIDH no ha emitido su veredicto, pero precisó que hace algunas semanas les solicitaron pruebas de los estudios científicos y técnicos que tienen sobre la crisis hídrica que provocará la edificación de este aeropuerto, así como los del manifiesto de impacto ambiental que elaboró la UNAM, entre otros.
Dijo que ellos cumplieron con la entrega de los documentos probatorios, por lo que esperan que muy pronto la CIDH otorgará las medidas cautelares que corresponden hasta que no se consulte debidamente a los pueblos originarios de la región, en apego a los estándares internacionales y no se garantice el derecho humano al agua de los habitantes de la región.
Aclaró que si bien estas medidas no son vinculantes, si ponen en el ojo de la observación internacional al estado mexicano, es decir, que es poco probable que el gobierno federal, que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador desoiga el planteamiento de la CIDH”.
El activista resaltó que con este caso se pondrá a prueba la congruencia del gobierno de la República, pues siempre han insistido que esta administración escuchará a los organismos internacionales, “habrá una prueba importante en donde se va a poner a prueba el alcance de esas palabras, que en su momento fueron emitidas por el presidente de la República, y de ahí nuestra confianza en que esas medidas se van a otorgar”.
Subrayó que es evidente que este proceso ha tardado más de lo deseado porque en México desde marzo pasado hasta la fecha se entró en emergencia sanitaria por la pandemia, la cual aqueja al mundo entero.
Consultado sobre las acciones que se realizarán en próximas fechas por parte de los integrantes de los pueblos originarios, dio a conocer que hasta el momento no se tiene nada planeado, precisamente por la situación de incertidumbre que hay ante el regreso a la nueva normalidad, y que lo que se procura desde las propias comunidades es evitar la movilidad para prevenir contagios y salvaguardar la vida de todos.
MMCF