Pasaron dos días para que el ex director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Luis Octavio Cotero Bernal, fuera vinculado a proceso por el mismo caso que el viernes pasado puso al ex director del Servicio Médico Forense, Eduardo Mota Fonseca, en la misma situación: enjuiciados por el traslado de personas fallecidas en tráileres.
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Ambos ex funcionarios estaban en funciones en septiembre de 2018, cuando la noticia de que dos camiones frigoríficos circulaban en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con cientos de cuerpos sin identificar, recorrió el mundo entero. De acuerdo con un comunicado dado a conocer este domingo, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez, determinó vincular a proceso a Cotero Bernal, tras considerar que existían elementos suficientes para sustentar su decisión.
El delito que se le imputa al acusado es abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de las víctimas. El pasado lunes 13 de septiembre se llevó a cabo la audiencia inicial en la que el Ministerio Público formuló imputación, y la defensa del ex uncionario se acogió al término constitucional de 144 horas para presentar sus alegatos, por lo que el Juez Décimo Quinto fijó las 10:00 horas del 19 de septiembre, como fecha para desahogar la audiencia.
A las 10:00 horas del domingo se reanudó la audiencia inicial en los Juzgados del Primer Distrito Judicial ubicados en Puente Grande. Tras escuchar los argumentos del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que integró la carpeta de investigación, así como la defensa del imputado, el juzgador resolvió vincular a proceso al ex director general del IJCF, por abuso de autoridad, que en su fracción cuarta señala que comete ese delito todo servidor público “cuando ejecute, autorice o permita cualquier acto atentatorio a los derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por la del estado de Jalisco.
Asimismo, determinó como medidas cautelares que el vinculado a proceso deberá presentarse cada 15 días a firmar ante el juez y tiene prohibido salir del estado sin autorización judicial, ambas medidas estarán vigentes durante un año.
El plazo para el cierre de la investigación complementaria vence en dos meses, contados a partir de ayer, según decretó el juez. En septiembre de 2018, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción abrió carpetas de investigación tras conocerse que cuerpos de personas fallecidas sin identificar fueron transportados en un tráiler por calles del Área Metropolitana de Guadalajara.
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En diciembre de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 40/2019 en la que solicitó a la Fiscalía Anticorrupción investigar los hechos denunciados, relacionados con presuntas irregularidades y conductas ilícitas concernientes con los cuerpos de personas fallecidas sin identificar, y por las probables responsabilidades que resulten El 16 de septiembre se anunció que Eduardo Mota Fonseca, quien fuera el director del Servicio Médico Forense (Semefo) de Jalisco, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad y de víctimas.
De acuerdo con el comunicado dado a conocer ese día, los Juzgados del Primer Distrito Judicial ubicados en Puente Grande, tras escuchar los argumentos del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que integró la carpeta de investigación, así como la defensa del imputado, el Juez Décimo Quinto de Control y Oralidad, Luis Enrique Razo Jiménez; determinó vincular a proceso al ex funcionario. Para Mota se establecieron como medidas cautelares que el vinculado a proceso deberá presentarse cada 15 días a firmar ante el juez y tiene prohibido de salir del estado sin autorización judicial, ambas medidas vigentes durante un año. Asimismo, decretó un periodo de cinco meses a partir de ese día como plazo para el cierre de la investigación complementaria.
La historia
En septiembre de 2018 fueron localizados dos tráileres que rondaba en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con más de 300 cadáveres no identificados.
Las unidades eran dos camiones frigoríficos del IJCF. Por aquellos días, un tráiler que había estado estacionado afuera del IJCF durante varios meses, fue removido a una bodega, en la colonia La Duraznera.
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Los vecinos se inconformaron por el olor que emanaba del vehículo y las autoridades optaron por llevarlo a un predio que colinda con el fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco.
La Fiscalía ordenó que el tráiler fuera llevado a una bodega propiedad de la dependencia, en Guadalajara. Poco tiempo después la historia salió a la luz.
MC