A dos años de revelarse el uso de tráileres para resguardar cadáveres humanos debido al sobrecupo en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), aún hay indagatorias inconclusas, informó el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.
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“Antes de que se manejaran los cuerpos de una forma desafortunada, primero se contrataron los tráileres, y ese tema del contrato es un tema [sobre el] que tenemos una carpeta de investigación abierta; tenemos a una persona vinculada que se encargaba de la administración precisamente de la Fiscalía General de ese entonces, y nosotros pudimos constatar que ese contrato no fue llevado acabo de una manera correcta, porque no había una partida que se hubiese destinado para tal efecto, sino una distracción de una cantidad de dinero para pagar ese contrato”, señaló.
Sin precisar números, indicó que existen más personas implicadas por el mal manejo que le dieron a los cuerpos, tanto por la violación a los derechos humanos y abuso de autoridad, como por la pérdida de indicios que se habían logrado encontrar en los cadáveres.
“Dentro de ese manejo irregular, hubo indicios que se perdieron, hubo etiquetas que tenían los cuerpos que ahora ya no son posibles de leer los datos que en ellos estaban asentados, y estamos hablando de que se perdieron datos relevantes para una investigación, eso también es una modalidad de delito que nosotros estamos en el proceso todavía de determinar quién es la persona que puede resultar responsable de ese mal manejo de indicios”.
Resaltó que son seis carpetas las que siguen con las diligencias y se han entrevistado a alrededor de 20 personas sobre el tema, entre particulares y servidores públicos que rentaron los frigoríficos.
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El fiscal anticorrupción presentó el balance del año e informó que se abrieron 780 carpetas de investigación por hechos de corrupción, un centenar menos que en 2019.
De La Cruz Tovar detalló que fueron presentados ante el juez 17 casos por corrupción, por los que 26 personas, entre servidores públicos y particulares, han sido vinculadas a proceso. 24 de ellos son funcionarios y servidores públicos de administraciones actuales y pasadas que se sujetaron a proceso y ocho quedaron suspendidos mientras se resuelve su situación legal.
Agregó que desde el pasado fin de semana iniciaron inspecciones en los operativos “Salvando Vidas”, con la finalidad de detectar casos de corrupción entre servidores públicos y automovilistas.
MC