Trasportistas bloquearon las instalaciones de la empresa Caleras Bertrán, en Atotonilco de Tula para exigir el pago de servicio de acarreo de material que les adeudan desde principios de 2023.
Los integrantes de la Unión de transportistas de México e Hidalgo bloquearon el acceso principal a la empresa situada en la avenida Industrial, de la comunidad Bóvedas, con apoyo de unidades de carga, a fin de no permitir ni el ingreso ni la salida de ninguna unidad.
Los inconformes expresaron que la empresa productora de cal les adeuda un importante monto económico, aunque no lo precisaron, y a pesar de las constantes exigencias de pago hasta el momento no han obtenido una respuesta positiva de parte de los representantes de la firma.
Reclamaron una respuesta urgente, toda vez que las afectaciones económicas para las familias de los transportistas son cuantiosas debido a que son muchos meses sin recibir los pagos.
Hasta el momento, dijeron, la empresa les ha argumentado que no puede liquidar el adeudo, por lo que los transportistas señalaron que no realizarán más servicios de acarreo, hasta que no les liquiden sus facturas.
Manifestaron además que continuarán las protestas, hasta que se solucione su exigencia, pues resaltaron que es trabajo que ya realizaron y por ende se les debe retribuir el mismo en tiempo y forma.
Confiaron en que a la brevedad se solucione esta problemática, pero añadieron que se tienen que fijar las condiciones para evitar nuevos retrasos de pago, pues laborar en esas condiciones no es rentable para ellos.
Cabe recordar que constantemente la firma ha enfrentado diversas manifestaciones, entre ellas una registrada en abril de este año, cuando vecinos de la comunidad Bóvedas y Ocampo, protestaron para exigir a los representantes de la firma que les resolvieran favorablemente apoyos sociales, consistentes en material de construcción, para el mejoramiento de vialidades.
Además de que por años un grupo de vecinos de la comunidad Bóvedas y de la cabecera municipal han protestado contra la empresa por la contaminación generada, motivo que incluso le valió en 2018 una clausura y multa por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a que además de otras anomalías, operaba sin contar con la actualización de su licencia ambiental única.
A la empresa se le obligó a cumplir con este requisito administrativo, además de pagar una multa por un millón 370 mil 200 pesos, por infringir disposiciones ambientales vigentes.
Después de cumplir con las medidas correctivas, presentar la licencia y pagar la multa, la Profepa retiró los sellos de clausura de las envasadoras e hidratadoras que fueron suspendidas por presentar irregularidades.