Tras la orden de un juez penal de ejecución un grupo de personas que habitaban la zona conocida como La Nopalera, en la segunda sección de El Llano, fueron desalojadas y las viviendas y construcciones fueron demolidas, una vez que el ejido San Pedrito Alpuyeca obtuvo el fallo en su favor.
Representantes legales, así como miembros del ejido acudieron al predio, situado cerca del balneario La Cantera, acompañados por 200 elementos de la policía estatal y 100 de la dependencia de seguridad municipal, para cumplir una orden de desalojo del predio de siete hectáreas, es decir, 66 áreas.
Fabiola López Ramírez, asesora jurídica del ejido de San Pedrito Alpuyeca, explicó que la diligencia derivó de “una resolución de un juez penal de ejecución”, con la cual, prosiguió, se “está restituyendo el predio al ejido de San Pedrito Alpuyeca, que es el titular, dueño del mismo”.
Recordó que el juicio inició en 2015, y “hubo un sentenciado, Joaquín Ríos Reyes, alias El Greñas, e independientemente de eso un grupo de 26 personas, que son las que estaban aquí adentro promovieron un amparo indirecto, el 11/2021, que está radicado en el juzgado primero de distrito, que finalmente reclamaban que no habían sido ellos oídos y vencidos en juicio, sin embargo, el amparo se sobreseyó, lo perdieron”.
Observó que las personas que construyeron en el predio “al final acudieron a la autoridad que tenían que acudir y no les concedieron el derecho ni la razón”, por ello procedió la diligencia de desalojo la mañana del miércoles.
“Somos respetuosos de las personas que estaban aquí adentro, a quienes les estamos permitiendo que saquen sus cosas personales, pero en cuanto a las construcciones, una vez que al ejido le es restituido el predio, el ejido está en la libertad de hacer lo que quiera con el terreno, y estamos en la demolición de algunas construcciones”.
Relató la asesora jurídica que el tema se llevó a “tres instancias: juzgado penal, la primera sentencia; de ahí al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), porque apeló Joaquín Ríos, confirmaron la sentencia; y posteriormente se va en un amparo directo al primer tribunal colegiado de Hidalgo, y la sentencia salió en 2020, pero por la cuestión de la pandemia se suspendieron términos, lo cual nos limitó un poco para la ejecución, pues es una ejecución que ya desde el año pasado se tuvo que haber hecho”.
Y destacó que se recurrió al uso de la fuerza pública pues hubo oposición de personas, a pesar de que, dijo, había sensibilidad del ejido para llegar a acuerdos; “hubo mesas por medio del estado de Hidalgo y el municipio y mandaron llamar a su abogado; el ejido estaba dispuesto a llegar a acuerdos para que no llegáramos a esta parte, se agotó todo, se hizo un censo del terreno, en agosto, en donde ellos estaban conscientes que veníamos a censar, y de ese censo resultó que había siete casas habitables, y gobierno del estado y el municipio estaban dispuestos a ayudar a las familias en absorber cierta parte del pago a favor del ejido para que no hiciéramos las demoliciones”.
Y agregó: “En ese momento se le pidió al abogado y a las señoras que nos sentaran a los titulares de las siete familias, pero hubo una negativa de parte de los representantes de los vecinos, no quisieron ningún acuerdo; dos personas nos buscaron de forma independiente y sí se logró acuerdo con ellos, e inclusive son las dos casas que no se van a tirar porque hubo acuerdos, hubo sensibilidad del ejido para que esto no ocurriera”.