El gobierno municipal de Tula de Allende realizó pagos improcedentes por más de un millón de pesos destinados a la compra de colchones tras la inundación de septiembre de 2021, pues estos no cumplieron con la calidad y características contratadas.
Lo anterior de acuerdo al informe individual de la auditoría a la cuenta pública 2021 de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), subrayó la agrupación Unidos por Tula, una de las que promovió esta revisión.
“Tras una investigación de Unidos por Tula en la que documentamos la entrega de colchones contaminados que realizó el gobierno de Tula a damnificados por la inundación, generamos las denuncias formales correspondientes que comienzan a dejar en claro las omisiones y actos de corrupción cometidas por las autoridades locales en este hecho”.
Derivado de esto, “se da a conocer de manera oficial (…) que la presidencia realizó pagos improcedentes por 1 millón 74 mil 497 pesos con 90 centavos, ya que los colchones adquiridos no cumplieron con la calidad y características contratadas”.
Al respecto de lo que informó la AEH, el Gobierno Municipal de Tula de Allende informó que se trabaja ya para acatar los requerimientos de transparencia. “La administración pública municipal se compromete, tal como lo marca la ley, a solventar en el transcurso de los próximos 20 días las observaciones en que pudo haber incurrido”, publicaron en sus redes sociales.
Sin embargo, la agrupación ciudadana reconoció a la auditoría, así como a los ciudadanos que participaron en el proceso para recabar pruebas para las denuncias correspondientes, a fin de que esta irregularidad se sancionara.
Dicha observación fue la 16 del informe de la auditoría, y la dependencia detectó que la entidad fiscalizada (alcaldía de Tula) realizó en la Partida de ayudas por desastres naturales y otros siniestros, pagos improcedentes pues los cochones no cumplen con la calidad y características contratadas “según se constató en 59 compulsas efectuadas, lo cual pone en riesgo la sanidad de los beneficiarios”.
La ASEH informó que “la entidad fiscalizada presentó justificaciones y aclaraciones mediante oficios, las cuales al ser analizadas, se determinó que no atienden la irregularidad detectada, por lo que no subsana la observación”.
Por su parte la Gran asamblea de damnificados Tula, otra de las organizaciones que promovió la denuncia, señaló que la revisión arrojó “20 observaciones, las cuales derivaron en 13 recomendaciones, 7 pliegos de observaciones que representan probables recuperaciones por 60 millones 940 mil 40 pesos”.
Dicha organización pidió al gobernador Julio Menchaca Salazar que continúe el trabajo oportuno y transparente de sus instituciones, a fin de garantizar las acciones correspondientes sobre el caso.
Y es que la alcaldía tendrá 20 días para solventar o justificar el recurso, y después de ello la ASEH tendrá 60 días para iniciar las respectivas carpetas de investigaciones o procedimientos administrativos resarcitorios en torno a la cuenta pública. “Lo más importante es no permitir que nuevamente se lleven a cabo actos de dudosa procedencia, como varios ciudadanos denunciaron durante las pasadas visitas de los auditores al municipio”, expresó la organización.