A pesar de ser una medida de retención para presuntos delincuentes, la prisión preventiva oficiosa es una figura contradictoria en materia de derechos humanos, advirtieron especialistas en derecho del Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) de la UdeG, luego del caso de los tres estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) a quienes se les dictó la misma por el delito de despojo.
“De manera automática el artículo 19 de la Constitución nos dice un catálogo de delitos por ejemplo homicidio doloso, secuestro, desaparición de personas ya sea forzada o por particulares entre otros, diversos estudios y criterios de esta corte iberoamericana determinando que la figura de la prisión preventiva oficiosa contraviene diversos derechos humanos entre ellos el de presunción de inocencia, independencia judicial, el de la libertad personal que se inscriben todos ellos en lo que conocemos como el debido proceso”, dijo José Luis de la Mora, presidente de la academia de derecho penal de CUTonalá.
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Para fomentar el debate en esta materia, el próximo viernes 24 de febrero, a las 16:00 horas realizará una clase magistral en el Paraninfo Enrique Díaz de León con la presencia del doctor Eduardo Alberto Osorio Rosado, Juez de Distrito en materia penal asignado al Centro de Justicia Penal de Querétaro, a fin de analizar los pros y contras de seguir implementado dicha medida cautelar en México.
El Director de la División de Ciencias Sociales, Jurídicas y Humanas, doctor Marco Antonio Núñez Becerra, consideró esto abre la discusión para entender cómo se perciben los derechos humanos en el sistema judicial mexicano; una oportunidad para dialogar en torno a esta figura y promover que se trabaje con una perspectiva humana en aras de evitar centrarse en proceso punitivos y empezar a promover estrategias sociales que prevengan e inhiban las actividades delictivas que pudieran ocurrir.
“Quien viene es un ponente que se opone directamente a la figura jurídica y, por tanto, vamos a escucharlo para incrementar el conocimiento que tenemos en el debate, esta vez desde la perspectiva de un juzgador que ha decidido no aplicarla por considerarla violatoria de derechos humanos”, comentó Marco Antonio Núñez Becerra, director de la división de ciencias sociales, jurídicas y humanas.
Las modificaciones a la prisión preventiva oficiosa pueden darse por medio de una reforma promovida por el Congreso de la Unión y que garantice los derechos humanos. Por otra parte, también podría ocurrir si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncia y se une al debate.
Es necesario actualizar las capacidades de las instituciones en la materia, en especial de los ministerios públicos y los órganos de investigación, lo cual podría ayudar a prescindir de esta.
JMH