La Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM cumple mañana tres meses en paro, aunado a la interrupción de actividades en por lo menos seis planteles, lo que provoca un ambiente de polarización y crispación en la casa de estudios del país, según docentes.
Es la conclusión a la que llegan especialistas y profesores ante el conflicto, en por lo menos siete planteles en la UNAM, que tiene una demanda común: sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, principalmente estudiantes, así como la mejora de la seguridad. Sin embargo, no observan que la parálisis de la universidad sea la solución.
A este panorama se suma una convocatoria que circula en redes sociales para realizar un paro indefinido de labores en la UNAM, en protesta por la violencia y la inseguridad en México.
Bajo el título "Jornada nacional de lucha contra la violencia y la inseguridad", un grupo que asegura son estudiantes de la UNAM, convoca a las universidades públicas y privadas del país a un paro nacional para el 5 de febrero.
No obstante, en otro órgano de comunicación de estudiantes de la universidad, denominado "Comencemos", desconocen el llamado a un paro nacional.
Esta situación es un reflejo de la polarización que está viviendo la UNAM, donde la comunidad universitaria no puede llegar a un acuerdo y tampoco percibe una solución contundente por parte de las autoridades, advirtieron profesores y especialistas.
Roberto Rodríguez, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM, advirtió que las demandas son legítimas, sin embargo las negociaciones ya no pueden transcurrir bajo la presión de las instalaciones tomadas.
Descartó que existan grupos externos a la universidad que traten de desestabilizarla, sin embargo, es claro que las demandas de los inconformes están siendo atendidas en la medida de las posibilidades de las autoridades, pero parece que no es suficiente.
Por ello, consideró necesario que el rector Enrique Graue, adopte una postura más enérgica ante el conflicto, con un mensaje directo hacia la comunidad universitaria, lo cual incluye que el gobierno federal y las autoridades de la Ciudad de México se pronuncien por el restablecimiento de las actividades en la máxima casa de estudios del país.
“Las demandas son justas porque es pedir justicia ante la violencia de género, lo complicado es que una demanda justa se acompaña con formas de expresión que llevan a cerrar los planteles e impedir las actividades académicas.
“El dilema está en la razón de las demandas y no coincidir con el procedimiento, eso crea una condición de impasse, como de no saber cómo procesar este conflicto y eso es lo que estamos viendo. Se hacen intentos de encontrar formas de diálogo y negociación pero en lo local, porque la universidad no ha hecho aún un solo pronunciamiento en el que reconozca la validez de las demandas, pero que exija la devolución de las instalaciones”, explicó.
El 4 de noviembre de 2019, "Las Mujeres Organizadas de la FFyL" tomaron las instalaciones para demandar atención en los casos de acoso sexual y exigir una disculpa pública a las autoridades por la eliminación del mural de la Victoria Alada y Atenea besándose, plasmado en una de las paredes de la Facultad.
Sin embargo, la exigencia escaló y establecieron el paro indefinido. Sus demandas se transformaron en acciones más profundas como la modificación del Estatuto General de la UNAM y añadir violencia de género como falta grave merecedora de expulsión inmediata. Varios planteles de la UNAM se unieron al paro en solidaridad a este movimiento.
Berta Gilabert, profesora de historia en la FFyL, aseguró que eso fue apenas un detonante, ya que desde hace años no se atienden las demandas de la facultad.
Consideró que las demandas del movimiento parista son legítimas y necesarias, no obstante, la solución no es un paro tan largo. Como docente, explicó, tiene un sentimiento de abandono por parte de las autoridades universitarias, pues observa que las soluciones que se han planteado no van encaminadas a la mejora de la calidad académica, sino de cuestiones políticas.
"Las autoridades han sido lentas, han hecho mucho énfasis sobre que han cumplido, pero creo que lo que han hecho es muy relativo. También hay muy poca disposición al diálogo entre las dos partes. La comunidad está terriblemente polarizada y poco colaborativa a estructurar una solución", lamentó.
En tanto, Ángel Díaz Barriga, investigador emérito de la UNAM, coincidió en la legitimidad de las demandas para erradicar la violencia de género, pero rechazó que la paralización de las actividades sea la solución.
"La UNAM siempre ha sido reflejo de los problemas del país, entonces el problema de la violencia contra las mujeres, un problema nacional, también se expresa en la universidad. Las demandantes ya hicieron visible la problemática,pero hay decisiones que no se pueden tomar con la rapidez o sencillez que quisieran, como la modificación de estatutos, señaló.
El especialista en educación advirtió que si las autoridades universitarias no mandan un mensaje claro de solución, se corre el riesgo de que otros grupos al interior de la universidad aprovechen el conflicto base: violencia de género, para canalizar la exigencia hacia un movimiento estudiantil mayor.
EB