La colocación de la Guardia Nacional como un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no es el camino para solucionar los problemas de violencia que se presentan en diferentes partes del país.
Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, destacó que, en un país en el que 97 personas son asesinadas cada día, recurrir a las fuerzas castrenses como único rescate del orden público puede tener altos costos en materia de derechos humanos y democracia.
Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo pública su pretensión de convertir la Guardia Nacional en un brazo de la Secretaría de la Defensa Nacional, el académico destacó que, de consolidarse, el decreto supondría oficializar lo que está ocurrido en la praxis desde el día uno.
“La Guardia Nacional llegó como parte del proyecto de nación de López Obrador a través de una reforma constitucional. La realidad ha alcanzado a la Cuarta Transformación en cuestiones de seguridad. ¿Qué entendemos cuando hablamos de seguridad? El militar entiende la seguridad nacional. Desde los derechos humanos apostamos por una visión de seguridad ciudadana”, resaltó Luna de la Mora.
Los cuerpos policiacos y el ejército son dos entidades que comparten la encomienda de velar por el orden social; sin embargo, la diferencia sustancial radica en que la primera, cuando está bien capacitada, puede ser aliada en la protección de la ciudadanía; mientras que la segunda, en cambio, tiene la encomienda de proteger a la nación y mantener el control público.
Para el especialista del IDHIE de la Ibero Puebla, la alternativa ante los retos que enfrenta el país se encuentra en construir un organismo de seguridad ciudadana que trabaje en favor del respeto a los derechos humanos.
“Lo que importa no es la seguridad del territorio, sino de las personas. ¿Qué hace que una persona se sienta segura? La respuesta no es trayendo al ejército a las calles ni haciendo que la policía se parezca a la milicia”, explicó.
Actualmente, cerca del 80 por ciento de los elementos actuales de la Guardia Nacional tienen algún tipo de vínculo con las fuerzas castrenses, por lo que, sustituir a los pocos civiles que la integran supondría un acto de inconstitucionalidad violatorio de una ley que la propia administración morenista reformó en 2019.
Recordó que fue en el año 2019 cuando se presentó ante el Congreso como una propuesta a las estrategias fallidas que tienen al país replegado desde 2006 y la idea original era conformar una fuerza de seguridad que contara con elementos del ejército y la marina, pero cuya dirección fuera civil, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“Dicho proyecto se desvaneció. Los grupos criminales tienen lógicas militares en muchos casos. El cambio en la Guardia Nacional es una visión para enfrentar la violencia que, desde mi punto de vista, no es válida. Ya hemos visto el fracaso de estas respuestas militarizadas”, finalizó.
AFM