El plazo se venció. Hoy era la fecha estipulada por el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, para que los 444 cuerpos de personas que no han sido identificadas y permanecieron por meses en dos cámaras frigoríficas y en refrigeradores del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) fueran inhumados.
De acuerdo con las autoridades estatales, hasta la tarde de ayer se tenía registro de 154 inhumaciones, lo que confirma que la promesa hecha por el mandatario estatal no se cumplió. Para sepultar los restos humanos, el IJCF tiene que contar con muestras y exámenes de ADN, huellas dactilares de los occisos, así como fotografías forenses y muestras odontológicas.
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Hace tres semanas, Sandoval Díaz ordenó la construcción de una cámara de refrigeración con capacidad de más de 300 cuerpos, para evitar la saturación de la morgue que provocó que los cadáveres fueras almacenados en cajas refrigeradas de tráiler; “con esto se va abatir el rezago de la identificación de las víctimas de sucesos violentos no identificados siguiendo puntualmente los protocolos para el pleno respeto de los derechos”, señaló en ese entonces, cuando también fijó como límite el 15 de octubre para que los cuerpos estén reconocidos e inhumados.
“Estaremos de tiempo completo atendiendo todos y cada uno de los problemas y no toleraremos ni la indolencia ni la ineptitud de ninguno de los funcionarios, lo importante en este momento es el trato digno, la tratabilidad, la identificación y la inhumación de acuerdo al protocolo, evitar el rezago y que lleguen los cuerpos a los espacios determinados que lo exige la ley”, dijo el gobernador.
Además, el Gobierno de Jalisco enfrenta la queja de parte de los pobladores de El Salto, quienes se oponen a la inhumación de al menos 500 cadáveres en el panteón número 3.
Los quejosos aseguran que las gavetas no cumplen con las normas de sanidad que estipulan las autoridades, ya que los líquidos que podrían emanar los cuerpos en descomposición serán vertidos al subsuelo, contaminando los mantos friáticos.
Sin embargo, el alcalde de El Salto, Ricardo Santillán Cortés, informó que no echará a tras el convenio firmado entre el Gobierno del Estado y el municipio para la compra de las gavetas.
El pasado día 13 de octubre, el presidente municipal advirtió que el Estado no podrá inhumar cadáveres en tanto no se cumplan con los criterios que marca la Comisión de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Jalisco.
“No puede llegar ni Fiscalía, ni el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ni nadie a inhumar algún cuerpo, si no hay autorización y supervisión de nosotros”, de acuerdo con el primer edil.
MC