El programa de verificación vehicular en Jalisco es considerado como un modelo único en su tipo en el país, ya que no existen esquemas similares, además es el que ofrece mayor costo-beneficio en comparación con los que se realizan en otras entidades, de acuerdo con datos de plataformas estatales.
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Para este año, se mantiene el precio de la verificación vehicular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y ciudades medias del estado, por lo que la tarifa continúa en 500 pesos, cifra menor a otros estados de México; por ejemplo, en Morelos asciende a 628 pesos, en la Ciudad de México es de 618.90 pesos al semestre, lo que representa un costo anual de más de mil 200 pesos en la capital del país.
Según información de las plataformas estatales, la verificación vehicular en el estado tiene una periodicidad anual, mientras que en otras entidades se realizan dos al año, es decir, cada semestre, como en la Ciudad de México.
El mismo caso se presenta en Veracruz, donde los ciudadanos pagan 808 pesos en total, es decir, 404 pesos por cada verificación; y Tlaxcala, con 538 pesos al año, o 269 pesos al semestre. También existen modelos en entidades como Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro y Tlaxcala, donde se han establecido los llamados hologramas “0” y “00”, con un costo que oscila entre 940 y mil 37 pesos.
Modelo referente
El esquema del modelo en Jalisco, denominado Programa de Verificación Responsable (PVR), establece que, del costo de cada verificación realizada, hay un porcentaje asignado para las empresas que realizan la inversión e implementan y operan los centros de verificación, mientras que el resto es destinado al Fondo Ambiental de Jalisco.
En el programa, las empresas operadoras y la compañía proveedora de la tecnología, asumen el riesgo financiero. Si no hay verificaciones, no hay pago o ingreso para las empresas, y menos recursos para el Fondo Ambiental.
El rol principal del Gobierno del Estado es la difusión y promoción del programa, así como la procuración de su cumplimiento a través de las sanciones para quienes incumplen con esta nueva disposición.
El modelo económico del programa establece que, a mayor número de verificaciones, el proveedor de la tecnología está obligado a reducir la tarifa por cada verificación, aumentando la parte proporcional que corresponde al gobierno y, en consecuencia, se incrementan los recursos del Fondo Ambiental para el financiamiento de programas complementarios para el cuidado del medio ambiente. El gobierno estatal no ha realizado inversión alguna con recursos públicos en el programa de verificación.
El PVR es un modelo único, tipo franquicia, en donde distintas empresas son las responsables de operar los llamados Centros de Verificación Responsable (CVR), mientras que una sola empresa es responsable de suministrar todo el paquete tecnológico, garantizando seguridad y trazabilidad en cada verificación.
La tecnología se otorga en comodato, es decir, se suministran los equipos sin necesidad de que el gobierno o las empresas operadoras realicen alguna inversión, y el rol de la autoridad estatal es procurar el cumplimiento del programa.
MC