Familiares de las víctimas y personas que resultaron lesionadas por el desplome de una trabe en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México acusaron que no son atendidos de forma permanente por autoridades capitalinas, como aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, además de que piden acceder a las investigaciones sobre el incidente.
Teófilo Benítez, abogado de los familiares de las víctimas y lesionados por el desplome aseguró que "es falso" que la jefa de Gobierno o alguna autoridad en especial esté en contacto permanente con al menos nueve de sus clientes y acusó que incluso, les han dejado de dar medicamentos por denunciar la falta de atención.
- Te recomendamos Atención a víctimas y peritajes continúan a 3 meses del desplome en L12, dice Sheinbaum Comunidad
Agregó que la Fiscalía General de Justicia capitalina tampoco ha actualizado las diligencias, ni se les ha permitido acceder a la carpeta de investigación.
"Es totalmente falso, no es verdad de que ella personalmente, ni ninguna autoridad en especial, estén al pendiente de cada uno de ellos, sino al contrario, cuando han hecho las imputaciones les han retirado toda la ayuda, hasta el medicamento se les ha negado", dijo en conferencia de prensa.
Adriana Galván, una de las sobrevivientes, comentó que se le apoya con terapia y traslados para su rehabilitación, pero no le dan los medicamentos necesarios para su tratamiento ni el bastón que necesitaba para poder caminar, argumentando que ya no había presupuesto.
"Mis terapias es en lo único que me han apoyado, de ahí en fuera no me han dado medicamentos. Este bastón es donado, porque ellos me dijeron que no tenían presupuesto para un bastón que yo necesitaba, me lo dio un doctor.
"A mi contacto le dijeron que ya no tenían presupuesto para ayudarme. Tengo contusiones en el cuerpo del lado del derecho, en el hospital me dijeron que ya en un mes estaría bien, pero a tres meses, véanme como estoy, padeciendo con dolencias y que en la noche no puedo dormir aunque tomo medicamentos fuertes", dijo.
La mujer comentó que le ofrecieron 250 mil pesos, los cuales aseguró que no ha utilizado por considerarlos "una falta de respeto", además de un departamento, que no aceptó porque era a crédito.
"¿Qué le pediría? Que sea mas consciente en lo que dice, porque a mi no me ha llegado apoyo como hubiera querido. Siento mucha frustración, coraje, impotencia, el culpable ojalá que esté en la cárcel, porque si hubiera estado bien el Metro, yo no estaría como ahorita estoy, perdí mi vida, mi trabajo, yo tenía un trabajo estable.
"Dicen esto y el otro, a mi me quisieron tapar la boca con 250 mil pesos, el dinero esta en el banco, no he tocado ni un peso porque para mí fue como una cachetada", mencionó.
La mujer criticó que no se haya dado atención a la Línea 12 del Metro y acusó que desde días previos al accidente, las autoridades ya sabían del riesgo, por lo que pidió que se les diera acceso a ellos y a sus abogados a los peritajes.
"El lunes que fue el accidente, iba todavía más lento, esto ya es de tiempo, no es de ahorita, ya estaban conscientes, porque solo hicieron una revisión cuando se fracturo como es posible que no hayan. Por eso yo digo que estén en la cárcel el culpable o los culpables, que nos permitan a mi y a mis abogados acceso a esa investigación que hicieron" destacó.
“Se pide que deje de hablar la señora del tema, porque lejos de ayudar está entorpeciendo y lo único que dice son puras mentiras, realmente no ha habido nada, han sido amenazados, han sido realmente palabras al aire, que no tienen ningún sentido, me atrevo a decir que Armando Ocampo ya ha dado declaraciones de apoyo, cuando no ha sido el caso”, dijo Marisol Tapia, madre de Brandon Giovanni, menor de edad fallecido por este evento.
Tapia comentó que las aspiraciones presidenciales de la actual jefa de Gobierno y del canciller Marcelo Ebrard dependen de cómo sea tratado el tema de la Línea 12 y el pago de todos los compromisos con las víctimas, tanto de fallecidos como lesionados.
Tapia agregó que su esposo, quien viajaba también en el vagón, fue amenazado con no recibir ningún apoyo si era retirado del Hospital Balbuena, que pertenece a la Secretaría de Salud de la capital, con el objetivo de no revelar información a otros médicos o a medios de comunicación.
FLC