Los indígenas son el sector más vulnerable en las prisiones porque más de 75 por ciento no tuvieron recursos para contratar a un abogado y se quedaron con la defensa pública; mientras que más de 51 por ciento ni siquiera tuvo la posibilidad de hablar con su defensor al enfrentar los procesos.
De acuerdo con el análisis “Indígenas, sector más vulnerable y desentendido del sistema penitenciario mexicano”, presentado por Verónica Garzón Bonetti, coordinadora de Incidencia en Asistencia Legal por los Derechos Humanos, durante la segunda sesión del Seminario Permanente de la Cátedra Ignacio Ellacuría: Vivir entre cuatro paredes, que organiza el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana Puebla, en México, siete de cada diez personas indígenas viven en extrema pobreza.
“La falta de reconocimiento a la identidad y diversidad cultural genera violaciones a derechos fundamentales como la autoadscripción, el acceso a una vida digna y el poder sobre las tierras y territorios. Las personas indígenas, que representan 21 por ciento de la población de México, son estructuralmente violentadas, alejadas del acceso a la justicia y a una vida digna”, detalló la especialista.
La discriminación y violaciones a derechos humanos en el sistema de justicia se dan en dos vertientes: dentro del proceso penal, con detenciones arbitrarias, falta de defensa adecuada e intérpretes; y dentro de los centros penales, por las condiciones precarias de confinamiento.
“Por su apariencia o por sospechas discriminatorias, las personas indígenas están en mayor riesgo de sufrir detenciones arbitrarias. La mayor parte de los indígenas detenidos no conocen los motivos por los cuales se les privó de la libertad. Existe un riesgo latente de tortura mayor que el de la población no indígena, 21 por ciento contra 15 por ciento, respectivamente”, destacó la especialista.
Comentó que el derecho a una defensa adecuada es violentado porque 51 por ciento de los indígenas no se entrevistaron previamente con su abogado; mientras que tres de cada cuatro, se tuvieron que conformar con el acceso a una defensa pública, lo cual los pone a merced de personas que no pueden ofrecer un servicio adecuado.
“Las cárceles en México son entornos torturantes en los que no se garantiza una vida digna. Los principales delitos que se les ha imputado son contra la salud, contra la libertad sexual y contra el patrimonio; cerca del 60 por ciento de las mujeres indígenas están acusadas por crímenes contra la salud relacionados con narcotráfico”, explicó.
Aseguró que la prisión preventiva presenta una brecha de género a nivel nacional: 40 por ciento de los hombres cumplen este confinamiento contra 50 por ciento de las mujeres; en personas indígenas, es de 42.2 por 26 por ciento, respectivamente.
“Esta prisión elimina la posibilidad de analizar la necesidad, pertinencia, proporcionalidad y razonabilidad de la medida. En un Estado ideal que reconozca a las autoridades indígenas, estas personas no estarían presentes en un sistema penitenciario estatal, sino que estarían sujetas a la jurisdicción de las comunidades”, apuntó.
AFM