Desde que se reformó el Código Penal de Guanajuato para sancionar la difusión de imágenes y videos íntimos sin consentimiento, denominada Ley Olimpia a nivel nacional, se han presentado 20 denuncias ante el Ministerio Público, se han ofrecido más de 50 asesorías jurídicas y psicológicas para proceder con la acusación.
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Así lo informó la diputada local panista y quien impulsó dicha reforma, Libia García Muñoz-Ledo, quien también hizo hincapié en la necesidad de una mayor concientización sobre el tema en todos los sectores de la sociedad y con las y los agentes del Ministerio Público para que atiendan acorde a protocolos a las víctimas de estos casos.
“Es importante el trabajo de concientización de los y las agentes de Ministerio Público para cuando una mujer acuda a presentar una denuncia, sean atendidas como deben ser atendidas, dándoles todas las facilidades para ello y protegiéndolas, porque sabemos que ante una denuncia los victimarios recrudecen sus agresiones”, declaró en entrevista con MILENIO.
Explicó que, para este delito, se aplican penas que van desde los dos hasta los cuatro años de prisión y que puede duplicarse en el caso de que esta violencia se ejerza por parte de la ex pareja.
“También se estableció sancionar el ciberacoso pues también las mujeres son víctimas de amenazas, acoso e insultos a través de las redes sociales, también esa parte se estableció”, detalló la legisladora.
La diputada mencionó que con apego a la protección al derecho de las mujeres a vivir sin violencia, en el Código Penal local el feminicidio es el delito con la sanción más alta.
“(Desde el Congreso) le estamos apostando a la prevención de la violencia y a ir perfeccionando el marco jurídico, como ampliar las órdenes de protección en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia familiar o la eliminación de la conciliación en los casos de violencia de género son temas que se han trabajado desde ahí”, comentó.“Lo que he visto es que esto es la punta del iceberg, que hay muchas mujeres que están siendo víctimas y que no se animan a denunciar o que todavía no se atreven a levantar la voz por miedo y pues justo eso es el llamado a no quedarnos calladas a que sepan que hay redes de apoyo que no están solas en estos procesos que están viviendo”, puntualizó.
Agregan más herramientas para protegerlas
En ese sentido, las intimidaciones o molestias realizadas por vía telefónica o cualquier otro medio electrónico de comunicación a víctimas o sus familiares, podrían ser incluidas en las órdenes de protección de emergencias, gracias a una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia presentada por la diputada petista María de Jesús Eunices Reveles Conejo.
La legisladora comentó que, en varias ocasiones, a pesar de que la víctima cuente con orden de protección de emergencia, sigue siendo molestada e intimidada por el agresor, lo anterior a través de llamadas tecnológicas, incluso valiéndose de otro tipo de medios como lo son las redes sociales o mensajería instantánea.
“Recibir una llamada de tu agresor eleva los niveles de tensión, independientemente si esta llamada es respondida o no, recientemente los medios de comunicación dieron a conocer el caso de un hombre acusado de llamar 518 veces en 45 días a su ex pareja, como ese caso, cientos y miles de ejemplos podemos encontrar de intimidación a través de llamadas telefónicas o a través del uso de redes sociales”, detalló.
Asimismo, la congresista refirió que la violencia en contra de la mujer muta en todo momento, por lo que consideró necesario adecuar la legislación local para, en medida de lo posible, se abarquen todas las expresiones violentas hacia las mujeres.
La iniciativa se turnó a la Comisión para la Igualdad de Género para su estudio y dictamen.