Las empresas factureras y proveedores fantasma, cuya operación se multiplicó en los años recientes en Nuevo León, quedarán acotados a partir del próximo año, de prosperar una reforma al Código Fiscal incluida en el Presupuesto 2022.
Se trata de una modificación al Artículo 33 bis de la citada normativa, que tiene por objeto que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, además de los entes autónomos, municipios y entidades de la administración pública paraestatal, que antes de realizar cualquier contrato de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con cualquier proveedor, deberán solicitar la opinión del cumplimiento de obligaciones que emitirá la Secretaria de Finanzas.
La propuesta también establece el impedimento de celebrar acuerdos o contrataciones con proveedores que, estando inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes, se encuentren como no localizados.
Otro cambio para el siguiente año será la misma prohibición para empresas que tengan sentencia condenatoria vigente por algún delito fiscal, en cuyo caso, el impedimento será por un período igual al de la pena impuesta.
Asimismo, si el proveedor aparece en alguno de los listados que se publican en el Diario Oficial de la Federación que exhibe a contribuyentes que emiten comprobantes sin contar con los activos, infraestructura o capacidad material para prestar el servicio ofertado, también aplicará la medida.
“Consideramos importante que las adquisiciones gubernamentales combatan a los proveedores factureros y fantasmas y vemos que actualmente no se cuenta con un procedimiento que permita a los contribuyentes obtener constancias para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales”, establece la exposición de motivos.
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