Después de que se diera a conocer el caso de la presunta tala ilegal, en la comunidad de San Juan de las Huertas, en el municipio de Zinacantepec, se informó sobre la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Las y los vecinos de la colonia Morelos, de San Juan de las Huertas, informaron que la Profepa ya colocó los sellos de suspensión en la obra, que realizaba una empresa constructora, para la cual -aseguran- se talaron alrededor de 200 árboles de manera ilegal, pues presuntamente no contaban con los permisos respectivos.
“Logramos frenar la tala de árboles, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha suspendido la obra por contravenir la legislación ambiental”, informaron.
Precisaron que gracias a las denuncias realizadas, personal de la Profepa acudió al sitio, en el que aún se observaban partes de los troncos, en donde colocaron los sellos de suspensión, por lo que exigieron a la Profepa brinde el seguimiento adecuado y puedan resarcir los daños ya causados.
“Agradecemos a la comunidad que defendió nuestro bosque”, señalaron las y los vecinos de esta zona, considerada un pulmón del Valle de Toluca.
Hasta el momento, la Profepa no ha emitido de manera formal mayor información sobre este caso, únicamente el personal de la institución colocó los sellos respectivos.
Antecedentes
De acuerdo con las versiones de las y los vecinos, hace aproximadamente dos semanas, una empresa constructora comenzó con diversos trabajos en esta zona del municipio de Zinacantepec, talando alrededor de 200 árboles, con una altura de más de 10 metros, lo que habla de su edad e importancia para el medio ambiente.
Se informó que estos árboles eran Cedro Blanco, un árbol que está protegido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Norma Oficial 059.
¿Qué es la tala ilegal?
Es el corte y extracción de recursos forestales sin la autorización de la SEMARNAT, lo que constituye un delito federal que puede ser denunciado ante autoridades competentes (artículos 189 y 190 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente).
Es importante señalar que este tipo de conductas se sancionan con seis meses a nueve años de prisión y multas que pueden ir de los 8 mil 688 pesos a un millón 737 mil 600 pesos.
JASJ