María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, consideró que los objetivos que plantea la reforma al Poder Judicial no se van a poder cumplir a través del voto popular.
Durante una mesa de análisis sobre la reforma judicial, en la que participó junto con el periodista de MILENIO, Alejandro Domínguez, afirmó que hay preocupación desde la Corte con lo que plantea la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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"Estamos preocupados, no por nuestros trabajos o lugares en la Corte, sino por la forma en la que se puede vulnerar el Estado de Derecho con la reforma al Poder Judicial".
La magistrada destacó que los tres principales objetivos que busca cumplir esta iniciativa son:
- Acabar con la corrupción.
- Lograr la justicia más rápido.
- Acercar a la sociedad con la judicatura.
Sin embargo, advirtió que será difícil que se cumplan a través del voto popular, es decir por medio de la elección que propone López Obrador para elegir a los magistrados, ya que esto no garantiza que los candidatos electos cumplan con el perfil necesario ni que tengan la experiencia para llegar a la Corte.
María Emilia Molina dijo que para ser funcionario de la SCJN, actualmente, se necesita cumplir con los siguientes requisitos: 1. Ser abogado, 2. Pasar una serie de exámenes exhaustivos y, para ser titulares, 3. Participar en concursos de oposición.
Mientras que la reforma contempla únicamente: 1. No tener un cargo público, al momento de postularse, 2. Tener cinco años de experiencia y 3. Ser abogado.
Ante esto, la magistrada aseguró que con el actual sistema de elección se garantiza que se elijan a los mejores; sin embargo, no negó que el Poder Judicial necesita reformar para mejorar.
“Sabemos que existen problemas en el Poder Judicial, tenemos una autocrítica real, además aceptamos la crítica externa, pero queremos saber cuáles son los objetivos (...) A partir de ahí, tomar las mejores decisiones".
Emilia Molina señaló que, el tema que más les preocupa de la reforma tiene que ver con las campañas, ya que la misma iniciativa indica que estas no pueden estar financiadas ni por instituciones públicas ni privadas, por lo que cuestionó de dónde saldrá el dinero.
Y consideró que: "hay conflicto de interés con la nueva reforma del Poder Judicial", por lo que los jueces, magistrados y ministros han pedido un parlamento abierto para discutir la iniciativa.
Cabe mencionar, que actualmente más de 7 mil personas trabajan en toda la república para el Poder Judicial de la Federación.
RM