La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) envió dos peticiones al gobierno de Oaxaca y a la Fiscalía del estado para conocer los avances en las investigaciones sobre los probables feminicidios de la fotoperiodista María del Sol Cruz Jarquín, así como de la entonces candidata a segunda concejal del Ayuntamiento de Juchitán, Oaxaca, Pamela Itzaramay Terán Pineda, ocurridos en junio de 2018.
La titular de la Conavim, Fabiola Alanís, notificó que la dependencia brinda acompañamiento en ambos casos y lamentó que las autoridades de procuración y administración de justicia queden a deber para garantizar justicia a víctimas de violencia feminicida. Además, recordó que se envió la solicitud formal de atracción del caso a la Fiscalía General de la República (FGR), desde el 1 de diciembre de 2020.
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Por ello, llamó a integrar la perspectiva de género en todo el proceso, toda vez que manifestó que persiste la falta de investigación adecuada por parte de las autoridades de procuración y administración de justicia en Oaxaca.
Alanís Sámano celebró la reciente decisión de la fiscalía estatal de abrir una nueva investigación sobre el caso y detalló que el pasado 23 de noviembre se enviaron dos peticiones formales a autoridades locales para que se informara sobre las acciones que se realizan en torno a esta investigación por doble feminicidio, así como para solicitar que se garantice la protección de las víctimas indirectas ante la liberación de uno de los imputados como autor material del delito.
Dichas solicitudes se enviaron al gobernador del estado de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al fiscal general de la entidad, Arturo Peimbert Calvo, derivado de la información que dio a conocer la periodista Soledad Jarquín Edgar, respecto a la situación de la investigación del caso de su hija, el pasado lunes 22 de noviembre.
Luego de que ésta diera a conocer su caso en la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 24 de noviembre de 2020, ese mismo día comenzó la participación de la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para la atención del caso.
Además, se participó en cuatro audiencias judiciales, en las que se contó con el personal de la Conavim y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como en reuniones de seguimiento y evaluación de los avances del caso con las víctimas indirectas.